Señor Director:

En su columna de ayer, Carlos Peña vuelve a cuestionar el diseño del nuevo proceso constituyente y, en particular, la función de los expertos. Según Peña, este diseño “se parece a lo que se hizo para la Constitución del 80” e invierte “los papeles que corresponden a los expertos y a los ciudadanos”. No obstante, estas críticas resultan cuando menos exageradas.

Por un lado, la analogía con 1980 no tiene asidero. Ahí se trató del itinerario impuesto por una Junta Militar en el marco de un régimen autoritario. Ahora, en cambio, hablamos de un esquema dibujado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria. La diferencia que media entre ambos procesos es la misma que separa a la dictadura de la democracia.

Por otro lado, Peña sostiene que los expertos deben intervenir “una vez que las preguntas fundamentales hayan sido respondidas por los ciudadanos o sus representantes”. Pero, mirando los procesos de larga duración, eso es precisamente lo que ocurrirá ahora. Ni el debate constitucional se iniciará con el anteproyecto que elaboren los expertos ni su trabajo comenzará desde cero. En efecto, tanto por la brevedad del cronograma como por los consensos y dinámicas políticas que generó el monumental triunfo del Rechazo, dicho trabajo necesariamente deberá considerar los múltiples insumos disponibles. Entre ellos destacan los materiales que dejó el proceso inconcluso de Michelle Bachelet, las discusiones al interior de la fallida Convención y las iniciativas populares de norma ahí presentadas (e ignoradas), entre otros.

En suma, ha existido una abundante deliberación democrática antes de la labor de los expertos —llevamos una década de debate constitucional intermitente—, y además existirá deliberación democrática ex post. No es poco.

Claudio Alvarado R.
Director ejecutivo IES