Para burlar la prohibición de que rechazado un proyecto debe transcurrir un año para volver a presentarlo, ahora los retiros de fondos previsionales aparecen como “autopréstamos”. Dos son los proyectos: uno que dispone que se puede autoprestar hasta el 100% de los fondos previsionales, y otro que contempla que se puede retirar hasta un 15% de los ahorros previsionales, pero si los fondos son menos de un millón, el préstamo podría ser por el total.

En la comisión de Constitución se fusionaron estos proyectos que son de autoría de la diputada Pamela Jiles —al que se suman los diputados Félix González, Gloria Naveillán y María Luisa Cordero—, y otro del que son autores los diputados del Partido de la Gente Rubén Oyarzo, Víctor Pino y Yovana Ahumada.

Nuevamente se usa la triquiñuela jurídica de una reforma constitucional, para así impedir la aplicación de la iniciativa exclusiva de ley del Presidente de la República en temas de seguridad social. Insistimos en que estamos en presencia de un fraude de ley, ya que se elude la disposición constitucional que establece la iniciativa del Presidente por medio de una norma de cobertura, como son las reformas constitucionales. Se aprovecha, además, la rebaja del quorum a cuatro séptimos recientemente aprobada.

El Tribunal Constitucional, al declarar inaplicables por inconstitucionalidad los retiros de rentas vitalicias, zanjó este tema. Añadió como argumento que las reformas constitucionales, al tramitarse como leyes, deben cumplir con el requisito de la iniciativa del Ejecutivo, conforme con el art. 127 de la actual Constitución que dispone que “en lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley...”.

Pero las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Estamos ante leyes y no reformas constitucionales, por lo que la comisión de Constitución de la Cámara debió declarar inadmisibles ambos proyectos.

Además, si se retiran los fondos, estos deberán ser reintegrados con reajuste pero sin intereses. El problema es que será extremadamente difícil que los afiliados puedan reintegrar a la AFP las cuotas que se generaron con el autopréstamo. Menos aún si, como dispone el proyecto de la diputada Jiles, no sería exigible el reintegro si el afiliado no se encuentra bajo un contrato de trabajo que contemple cotización previsional. Como reconoció la misma diputada, se trata de un retiro disimulado bajo la forma de un préstamo.

El proyecto de ley del Gobierno que reforma el sistema de pensiones también contempla esta especie de autopréstamo, si bien solo por el 5% de los fondos previsionales y siempre que no supere el monto de 30 unidades de fomento. Las cuotas en las que se devuelve el préstamo se expresan en UF y sin interés. El pago se hace en cuotas sumadas a las cotizaciones obligatorias, que alcanzan un máximo del 2% de sus remuneraciones y rentas imponibles. En este caso, se ha respetado la iniciativa exclusiva de ley del Presidente de la República, pero se trata de un error gravísimo.

El vicepresidente del Banco Central, Pablo García, criticó esta política: si uno se autopresta, al final es menos ahorro, es más gasto, más estímulo y, por lo tanto, más presiones inflacionarias en el corto plazo, y menos posibilidades para financiar los créditos hipotecarios.

Stephanie Griffith-Jones, consejera del Banco Central, a quien nadie podría tachar de neoliberal, opinó que se trata “de una mala propuesta, sobre todo en el corto plazo, porque su efecto sería el mismo que el de los retiros; retiros adicionales, o estímulos adicionales a nivel macroeconómico, de magnitudes grandes, a lo que llevarían sería a retrasar esencialmente el esfuerzo por bajar la inflación”.

Estos “autopréstamos” lesionan la finalidad exclusiva de los fondos ahorrados, que es la de generar beneficios previsionales. Si se aprueban estos proyectos, incluido el del Gobierno, los dineros prestados serán destinados a consumo de otros bienes, lo que generará más inflación, y luego nos encontraremos con la dificultad para la devolución de los fondos, y con proyectos populistas de ley que establecerán condonaciones y perdonazos.