El año 2001, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, con el objetivo de visibilizar las adversidades que deben enfrentar aquellas personas que, por distintas razones, migran desde sus lugares de residencia habitual.

Desde el 2014 a la fecha, más de 50.000 personas migrantes han perdido la vida en sus trayectos migratorios. Pese a ello, día tras día vemos cómo las personas emprenden rumbo, en busca de una expectativa de vida que les permita, en muchos casos, sobrevivir. Además, la conmemoración de este día busca estimular el intercambio de oportunidades de cooperación entre países y regiones, frente a los desafíos que impone el fenómeno de la migración a nivel mundial.

En ese contexto, es importante relevar los desafíos que imponen los flujos de movilidad humana en nuestro país y destacar la necesidad de contar con una agenda migratoria que se erija sobre la base de acuerdos, tanto internos como con los países de la Región. Chile y los demás países del cordón andino, se han visto enfrentados durante los últimos años a un fenómeno que les era ajeno y que ha generado desafíos muy complejos de sortear. Eso ha impactado en las comunidades locales, lo que ha llevado a un uso político del fenómeno, al que tampoco estábamos habituados.

De ahí que durante la última reunión de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM), realizada el mes de octubre en nuestro país, planteamos una mirada hacia la región asentada en nuestra realidad nacional. Creemos que, para consolidar los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos; enfoque de género; responsabilidad compartida y del interés superior de niños, niñas y adolescentes, es necesario incrementar los esfuerzos para formular una política migratoria de Estado orientada a la seguridad, el orden y la regularidad, con plena observancia de los derechos humanos.

En este sentido, resulta imperioso vincular las propuestas de coordinación de los países de la región y los organismos internacionales con competencia técnica en esta materia, con la formulación de respuestas institucionales, que viabilicen la necesaria protección de las personas migrantes con los intereses de las comunidades locales receptoras y de tránsito de los flujos de personas. Para ello, se deben considerar las realidades locales de cada país, a objeto de mantener un equilibrio en las cargas que cada país debe enfrentar para asumir esta tarea.

Nuestra premisa de trabajo en las acciones que estamos llevando a cabo, tanto en el plano nacional como internacional, contempla una agenda de mediano plazo, orientada a la coordinación internacional, a la que se le superpone una agenda urgente en materia de la gestión de la migración, asociada a la seguridad y regularidad migratoria. La realidad que enfrentamos como país y región, nos obliga a ser conscientes de las preocupaciones que urgen a la ciudadanía en torno al fenómeno de la movilidad humana, y que termina siendo visto como una amenaza.

Como gobierno, tenemos la obligación de hacernos cargo de estas preocupaciones, con políticas que comiencen con un control eficaz de la frontera, y que se traduzcan en una acción decidida por disminuir la irregularidad migratoria, mediante la observancia estricta de la ley. Esto, en sintonía con las medidas que garanticen el respeto irrestricto de los derechos y dignidad de las personas.

Se trata de un desafío triple y que suele ser entendido como excluyente, cuando no lo es. Por un lado, la obligación del Estado de resguardar y controlar los flujos migratorios; por el otro, la aplicación de la ley, incluida sus sanciones y, por último, el resguardo de los derechos de las personas migrantes en armonía con el que les asiste a las comunidades de acogida.

Tenemos claridad que la tarea no es sencilla y que enfrentamos múltiples desafíos. El compromiso de este Gobierno se orienta a no desatender la obligación que pesa sobre el Estado de resguardar y controlar las fronteras, y gestionar la migración en el país mediante las herramientas establecidas en la ley, en consistencia con el cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos asumido y consolidado en las últimas tres décadas como Estado. Una apuesta de ello se ha cristalizado con la incorporación de Chile al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que constituye una guía para encauzar la movilidad humana en sintonía con las posibilidades que esta ofrece.

Antonia Urrejola Noguera
Ministra de Relaciones Exteriores

Luis Eduardo Thayer Correa
Director del Servicio Nacional de Migraciones