La izquierda radical ha puesto en duda la legitimidad de cualquier órgano constitucional que no sea 100% electo por la ciudadanía. Pero, al mismo tiempo, deslegitima al Congreso Nacional para llevar a cabo la tarea. Tampoco quiso perseverar en la propuesta inicial de la centroderecha, consistente en que la nueva Constitución la redactara un órgano 100% electo, de 50 miembros, como el Senado. Hoy se abren a esa opción, tras insistir en ella el naciente Partido Demócrata, y lo hacen para escapar, dicen, de la “inaceptable ilegitimidad” que significaría un órgano mixto. Ilegitimidad por delante, se han encargado de denostar el posible componente experto, con voz y voto, de un eventual órgano constitucional, pues no sería propio de la soberanía popular. Pero cuando el pueblo soberano habló fuerte y claro el 4 de septiembre lo despreciaron. No entendió, fue engañado o no fue al ritmo de los convencionales, que iban a paso veloz, como el Presidente.

Tampoco (esto no es novedad) miran la evidencia para sostener sus argumentos. Un estudio del PNUD (2015), sobre mecanismos de cambio constitucional en el mundo, muestra que las comisiones de expertos y la sede legislativa (Congreso propiamente tal o congresos constituyentes) para redactar propuestas constitucionales han sido las fórmulas más usadas por los países que han iniciado procesos constituyentes durante el siglo XX y XXI, versus una minoría con asambleas constituyentes.

Aun ante la evidencia y tras el estrepitoso fracaso de septiembre pasado, dan lecciones. Se consideran, además, con la iniciativa exclusiva para repartir las credenciales democráticas, a pesar de que hace tan solo unos años dieron poca prueba de tenerlas cuando quisieron derrocar por las malas a un presidente de derecha, legítimamente elegido por el pueblo, ese mismo del cual se creen titulares únicos de su pase.

Pero no es un asunto de legitimidad. Puede ser opinable si es mejor un órgano mixto o uno puramente electo (siempre que nos alejemos importantemente del fiasco de la Convención), pero instalar que cualquier opción que involucre a expertos designados por el Congreso es ilegítima no es más que una ridícula desfachatez. El problema, a mi juicio, es otro: les revienta que las propuestas de la derecha sintonicen con la ciudadanía que no quiere una asamblea numerosa, que busca se acuerde una fórmula capaz de generar moderación y consensos y que se integren, de alguna manera, personas que puedan hacer un aporte serio al diseño institucional.

Y les revienta, pues, como quedó claro en 2019, la izquierda radical (y no tanto) cree que la derecha no tiene legitimidad para representar al pueblo. Solo les acomoda la derecha cuando es comparsa o pierde. Para esa izquierda, que la derecha sintonice con el pueblo es como un error de la Matrix. Y como bajo esos esquemas de órganos mixtos o de 50 personas, 100% electas como en el Senado, la extrema izquierda no maximiza su posición electoral, nos hablan de ilegitimidad o de que la derecha ejercerá un veto (como también lo tendría la centroizquierda con 50 miembros electos) o que pone en práctica sus poderes fácticos. Surgen entonces los columnistas, voceros del Presidente y exconvencionales de Apruebo Dignidad multiplicando la cuestión de la ilegitimidad.

La verdad es que no son guardianes de la legitimidad. Son guardianes de que no se ponga en riesgo la oportunidad, con la que aún creen contar, de imponer SU Constitución, programática. Si el acuerdo no se encamina a garantizar que la izquierda radical pueda redactar SU Constitución, con una suerte de escaños reservados 2.0, como lo sería el aumentar los cupos electos en regiones en que tienen algo de ventaja, seguirán insistiendo con esto de la ilegitimidad, preparando el camino para apretar el botón “Eyectar del Estado de Derecho” cuando lo estimen necesario en el futuro. Fíjese que las bases acordadas, por toda la mesa, rápidamente han sido tildadas de “candados” por un ferviente columnista de la legitimidad en otro medio el domingo pasado.

Dejémoslo claro. Nadie, la derecha incluida, incumple su compromiso si para hacerlo debe responsabilizarse de la intransigencia disfrazada de legitimidad. Si tras negociar de buena fe no hay acuerdo legítimo que valga para esta generación moralmente superior, que no haya. Un mal acuerdo, garantía de un mal resultado, es tirar por la borda el país y las fuerzas tradicionales no pueden prestarse para eso. Siempre se puede cumplir el compromiso presentando un proyecto de nueva Constitución al Parlamento, 100% electo, tal y como lo hizo la Nueva Mayoría (PC incluido) con su propuesta ingresada en 2018 ni más ni menos que al Congreso Nacional, tan “ilegítimo” hoy.