Al referirse a las negociaciones que los partidos oficialistas y opositores desarrollan desde hace 3 meses sobre un segundo proceso constituyente, el Presidente Boric dijo el miércoles 7: “Es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”. Es una lógica cuestionable. ¿Por qué tendríamos que aceptar ese acuerdo imperfecto? ¿Acaso el país está en tierra de nadie y los poderes del Estado dudan de su ámbito de competencia? ¿Cuáles son realmente las prioridades presidenciales en este terreno?

El 14 de marzo, recién instalado en La Moneda, el mandatario aludió así a los acuerdos que iba adoptando la Convención: “Cualquier resultado será mejor que una Constitución redactada por 4 generales”. Él no ignoraba que la Constitución dentro de cuyas disposiciones había sido elegido era el resultado de 30 años de reformas y llevaba la firma del expresidente Lagos, pero al parecer estimó políticamente provechoso decirlo así. El 4 de julio, recibió el proyecto de la Convención en una ceremonia que simuló ser la promulgación del nuevo texto, tras lo cual La Moneda repartió miles de ejemplares en todo el país.

El mandatario se identificó con el proyecto de la Convención de un modo que no permite dudar respecto de cuáles eran sus puntos de vista en septiembre. Todo sugiere que no esperaba el triunfo del Rechazo. Si hubiéramos tenido un régimen parlamentario, no le habría quedado más que renunciar. Luego, para demostrar que el plebiscito no tuvo mayor trascendencia, llamó a los partidos a iniciar conversaciones para asegurar “la continuidad del proceso constituyente”.

Al principio de las negociaciones, los partidos concordaron 12 puntos que, en realidad, no difieren mucho de lo establecido en el capítulo “Bases de la institucionalidad” de la actual Constitución. Nada les impedía elaborar una propuesta completa de reforma o reemplazo de la actual Constitución, que luego fuera discutida y votada en el Congreso, y más tarde sometida a plebiscito. Habría sido una vía expedita, que no demandaba nuevos recursos del Estado y reforzaba la autoridad del Congreso. Pero no fue así.

De partida, los presidentes del Senado y la Cámara no se atrevieron a reivindicar la potestad constituyente del Congreso, y se han limitado a actuar como voceros de los partidos. Papel poco airoso, desde luego, para quienes encabezan un poder del Estado. Frente a la demanda de un órgano redactor 100% electo, ni siquiera dijeron que tal órgano ya existe: es el Congreso, que asumió en marzo. Las discrepancias de los partidos no se relacionan directamente con la Constitución, sino con el cálculo de sus cuotas de poder al pactar uno u otro sistema de decisiones sobre un nuevo texto. Algo sugiere, sin embargo, que buscan disimular sus temores frente a lo que pueda venir. La mayoría de los partidos no muestra entusiasmo por una elección cercana. La presidenta del PS habla de una elección en la primavera de 2023.

¿Existe verdadero interés por mejorar la institucionalidad democrática, o todo se reduce a las conveniencias partidarias? Guillermo Teillier ha dicho que no sirve reformar la Constitución actual, sino que se requiere elaborar una nueva. Bueno, todos sabemos cuál era la que le llenaba el gusto. Pero, ¿qué pasa si las normas vigentes funcionan eficazmente? ¿Hay que cambiarlas, de todos modos? ¿Lo que importa es que sean “diferentes”? ¿Y para agradar a quiénes?

En este cuadro, no queda sino preguntar qué cosa haría “nueva” a una Constitución. ¿La firma del gobernante? Si es así, lo más honesto sería que quienes piensan de ese modo se lo dijeran al país, con lo cual aclararían el sentido de sus pasos. Podrían proponer una reforma constitucional sobre ese punto específico, para que sea aprobada por 4/7 en el Congreso. Donde hoy dice Ricardo Lagos, diría Gabriel Boric.

El FA y el PC no consiguieron que los ciudadanos aprobaran “su” Constitución, y hoy parecen conformarse con ganar la batalla simbólica contra la Constitución de los 30 años, sobre cuyos cimientos, curiosamente, está parado su propio gobierno. Ahora, sacan cuentas electorales, y no son auspiciosas. ¡Cuánta liviandad ha resistido la democracia que hemos construido!

Chile tiene un orden constitucional plenamente democrático. Es legítimo debatir sobre los cambios, pero es irresponsable creer que el país es un campo de experimentación en el que no se pagan costos. Deberían entenderlo quienes llegaron a La Moneda gracias a las condiciones de libertad, paz y progreso creadas por la acumulación de reformas. La estabilidad institucional es un asunto vital para nuestra convivencia.

Ha durado demasiado el juego politiquero en esta materia. Es peligroso, y debe concluir.