Haciéndose cargo de críticas por una prolongada permanencia fuera de Chile, la senadora Paulina Núñez (RN) ha anunciado la presentación de un proyecto de reforma al reglamento del Senado para establecer la aplicación de descuentos a la dieta de aquellos miembros de la Cámara Alta que se ausenten del país por razones ajenas a su labor. La parlamentaria —quien estuvo durante dos meses en España finalizando un posgrado que exigía su asistencia presencial— ha indicado que ella voluntariamente reintegró las dietas de los meses de octubre y noviembre, por estimar que era lo que correspondía hacer, pero que hoy el tema está entregado a la libre voluntad de cada senador, cuestión que se hace necesario regular.

Es loable la actitud personal de la senadora respecto de la devolución de su dieta, pero sería equivocado reducir la discusión a un mero asunto económico. Ello supondría una grave distorsión de la naturaleza de la función parlamentaria. Al ser elegido, un congresista se transforma nada menos que en depositario de la confianza ciudadana. El honor y la responsabilidad que ello involucra exigen un grado de compromiso superior. No se trata, en efecto, de una suerte de contrato laboral con el Estado, sino de una dignidad republicana. El asumirla en propiedad no se agota, pues, en el cumplimiento formal de ciertas reglas. Así, por la misma razón por la cual sería absurdo someter la función parlamentaria a un exceso de controles burocráticos, cabe exigir de los congresistas un especial celo, evitando señales que relativicen su compromiso con la tarea que la ciudadanía les ha encomendado. Ello, aun al costo de postergar legítimas aspiraciones personales, si son incompatibles con la prioridad que demandan las funciones de Estado.

Durante los últimos años, la actividad política —y en particular la función parlamentaria— ha caído en una grave espiral de desprestigio. Ha sido evidente el intento de algunos sectores por erosionar las instituciones democráticas, así como el carácter demagógico de muchas de las críticas que se suelen proferir en su contra. No podría, sin embargo, negarse la responsabilidad del mismo mundo político al incurrir en conductas impropias de su investidura. Sería injusto personalizar en una materia como esta, más aún cuando en todos los sectores se suman episodios lamentables de diversa índole, desde bochornosas trifulcas en la Cámara de Diputados hasta las actitudes asumidas por algunos senadores en la reciente votación del fiscal nacional. Sin una corrección profunda en estos ámbitos, los esfuerzos por recuperar la confianza ciudadana renovando nuestro pacto institucional arriesgan seguir estrellándose en el fracaso.