“No es aceptable, no lo vamos a tolerar”, dijo la vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, respecto de los efectos que está generando la movilización de algunos gremios de camiones en distintos puntos del país, que se inició el lunes y continuó ayer, e informó la decisión del Gobierno de invocar la Ley de Seguridad del Estado. Una legislación que había sido criticada por ministros del actual Gobierno, como Giorgio Jackson, e incluso por el mismo Presidente de la República cuando se desempeñó como diputado.

“Pese a ello (los acuerdos alcanzados) —explicó Tohá—, después del lunes, ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas. Eso ha afectado a la circulación, está afectando al abastecimiento en distintos puntos del país” y en ese sentido la ministra afirmó que “el Gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado, como corresponde en casos como este y es un hecho, esta decisión ha sido tomada”.

Al menos ocho querellas, algunas nominativas y otras contra quienes resulten responsables, se habían presentado ayer por la tarde por parte de distintas delegaciones presidenciales de las regiones afectadas por el paro de los transportistas.

Previamente, desde el Congreso, hasta donde llegó para ver la discusión sobre la extensión del Estado de Excepción Constitucional y también el presupuesto de la cartera, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que “no hay fundamento para que el paro continúe”. Y agregó que “menos fundamento hay para que quienes estuvieron sentados en la mesa, que estuvieron horas conversando y alcanzaron un acuerdo, después desistan del acuerdo, como es el caso de la Confederación Nacional del Transporte de Carga”.

Respecto de lo demandado por los gremios, Monsalve detalló que las medidas impulsadas por el Ejecutivo para responder a las demandas implican recursos extras para el fondo de estabilización del precio del combustible y el congelamiento del precio del diésel por tres meses, lo que implicaría un gasto fiscal de cerca de $6 mil millones de dólares.

“Si sumamos solo estas dos medidas, estamos hablando de un costo fiscal de 6 mil millones de dólares. Hoy un poco más de dos millones de chilenos que reciben una Pensión Garantizada Universal (PGU), eso le cuesta al Estado 6.800 millones de dólares al año. El esfuerzo que se está haciendo para paliar el alza de los combustibles es de igual magnitud fiscal que el pago de la PGU”, argumentó el ministro (s).

“Grupo de interés sin fundamentos”

Y concluyó que “como esto afecta la vida de los chilenos y como lo hemos dicho en todas las situaciones desde que se inició el Gobierno: vamos a ocupar todas las herramientas que da el Estado de derecho para proteger el normal funcionamiento del país (...) si eso implica usar la Ley de Seguridad del Estado, el Gobierno va a usar la Ley de Seguridad del Estado”.

Esto, porque a su juicio “un grupo de interés al cual un Gobierno le ha contestado, ha puesto una cantidad de recursos cuantiosos, no tiene fundamento hoy para alterar el normal funcionamiento del país”.

Fuerza del Norte mantendrá movilización

Aunque en redes sociales insinuó un viaje a Santiago (hoy jueves) para negociar con el Gobierno, el presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que tiene a más de mil camioneros movilizados en el norte y centro del país, Cristián Sandoval, aseguró luego que no hay acercamientos con el Ejecutivo. “Vamos a mantener la movilización”, planteó, pese al anuncio del uso de la Ley de Seguridad del Estado. “Por lo visto, ya no vamos a Santiago, porque nos llamaron para decirnos que si no levantábamos el paro no podíamos negociar, pero nosotros no tenemos ninguna ruta parada. Estamos en la berma ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos”, añadió.

Enfatizó que el movimiento busca frenar los delitos contra los conductores y rebajar en 30% los precios de todos los combustibles.

Además de los cortes parciales de rutas que transportistas realizan en Iquique, Copiapó, Valparaíso, Santiago, O'Higgins y Talca, al menos 200 camiones cargados con combustible están varados en Arica y en la ruta internacional a Bolivia, incluyendo cargas destinadas a ese país. “Para nosotros es una gran preocupación”, admitió la cónsul de Bolivia en Arica, Geovanna Rodríguez.