La desinformación y las llamadas fake news o noticias falsas han existido desde muy antiguo, pero como muchas otras comunicaciones ancestrales, han tenido un explosivo impulso con las redes sociales que se han encargado de amplificar la voz de cada persona. Ello ha generado consecuencias políticas y sociales antes insospechadas. Así, la preocupación por el fenómeno es ampliamente justificada, pero no siempre las soluciones que se plantean tienen la misma justificación. En estos días se ha organizado la Cumbre Global sobre la Desinformación por vía online, en tanto como parte del Foro Global de OCDE se abordaba el mismo tema en la reunión de ministros en Luxemburgo, con la participación de la ministra Camila Vallejo.

La forma de combatir la desinformación requiere de madurez y de educación de parte del público. En la Cumbre, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, ha señalado con toda claridad que aun con la mejor intención y en nombre de la democracia, se puede coartar gravemente la libertad de expresión en los afanes por controlar la falsedad de ciertas informaciones. Sin duda en ese caso sería peor el remedio que la enfermedad, pues los gobiernos tienen una lógica que los lleva, a veces sin disimulo, otras con las mejores intenciones, a deformar la realidad y es tarea de los medios de comunicación controlarlos e incomodarlos, como lo ha dicho el mismo Presidente Boric. Las influencias de los poderes públicos son inmensas y los únicos capaces de ponerles alguna limitación a sus acciones son una justicia independiente y medios de comunicación verdaderamente libres.

Las limitaciones a la libertad de expresión se han ido definiendo con un perfil cada vez más claro y en los sistemas democráticos existe consenso respecto de que no puede permitirse la apología de la violencia, ni los discursos de odio, ni la invasión de la privacidad, así como debe protegerse a los menores. Pero también es unánime la idea de que ni aun el peligro de estas transgresiones podría justificar la censura previa y que los autores de atentar en contra de esos valores deben recibir las penas correspondientes.

En Chile no parece haber conciencia sobre esta adhesión a principios democráticos y se siguen buscando fórmulas para impedir toda desviación aun antes de que esta se produzca. La ministra Vallejo ha dicho que para ellos “es una decisión política enfrentar el fenómeno de la desinformación”, pues esta socava la democracia. Nadie podría estar en desacuerdo con sus palabras, en especial si ella advierte, como lo ha hecho, que la desinformación termina por afectar a toda la sociedad, tanto a las instituciones públicas como a las privadas. Asimismo, expresó su optimismo respecto del interés ciudadano, así como de los medios tradicionales y no tradicionales por participar en este enfrentamiento.

Sin embargo, los pasos que ha dado la ministra al constituir un grupo de estudios cuya recomendación, de ser coincidente con el programa de gobierno, sería la de financiar medios locales y regionales con fondos públicos, no contribuyen a esta buena disposición. La integración del grupo, impulsado por su propio ministerio, con representantes de tres universidades estatales, tampoco permite mirar con optimismo sus resultados, pues estos académicos tienen un claro sesgo ideológico en contra de los medios tradicionales, a los que incluso se les ha atribuido por uno de ellos un papel fundamental en la derrota del proyecto constitucional en el plebiscito. No parece ser un buen comienzo para buscar solución al problema del impacto de este fenómeno.

El combate a la desinformación se ha dado en todo el mundo fortaleciendo a los medios tradicionales y protegiendo a los periodistas profesionales. Son ellos quienes tienen la capacidad de organizar métodos de chequeo de datos, transparencia en sus procedimientos y un tratamiento imparcial de la información, con lo cual aseguran su credibilidad, sin la cual un medio de comunicación social no puede ni siquiera sobrevivir.