Las negociaciones de los partidos oficialistas y opositores que, a instancias del Gobierno, partieron inmediatamente después del triunfo del Rechazo en el plebiscito consiguieron enredar más las cosas en materia constitucional. Lo que al principio pareció un paso positivo para acercar posiciones que favorecieran un acuerdo, se convirtió en un galimatías, determinado en buena medida por los cálculos partidistas acerca de qué tipo de convención conviene más, o qué sistema electoral es más beneficioso, todo ello como parte del intrincado diseño de una segunda convención.

Es curioso, pero los negociadores han operado como si tuvieran amplio espacio para experimentar, como si el país resistiera cualquier cosa. En todo caso, ha habido también juego de apariencias. Los partidos oficialistas han tratado de disimular su temor a una nueva elección de convencionales, y han buscado ganar tiempo, a la espera de que se produzca un impasse, lo que permitiría culpar a los opositores por el fracaso de las conversaciones.

Es hora de poner término a las confusiones respecto de la Constitución, consecuencia de los malentendidos que partieron hace tres años, en medio de la revuelta. La suma de miedos, cegueras y cálculos de ocasión generó entonces un proceso que merece quedar registrado como uno de esos momentos en los que los líderes políticos desatan fuerzas que luego no pueden controlar. Lo ocurrido significó, literalmente, abrir la caja de Pandora. Los negociadores de 2019 ni siquiera revisaron la Constitución que proponían reemplazar. Priorizaron el artilugio simbólico del cambio antes que la defensa del Estado de Derecho. Y hasta olvidaron el antiguo principio que recomienda no cambiar lo que funciona. Las consecuencias hablan por sí mismas.

La deplorable experiencia de la Convención aconseja no reeditar errores de esa envergadura. Ello exige rechazar el torcido argumento usado por los colectivos que se asociaron allí para crear la sensación de que el país iba saliendo de una legalidad y entrando en otra, con lo cual buscaban favorecer la reingeniería refundacional. Fue una táctica dirigida a sugestionar a los ciudadanos con la idea de que el país había iniciado un camino que no admitía vuelta atrás. Y ya vimos hasta dónde llegó todo eso: hasta el borde del barranco.

Chile no se encuentra en una situación de interregno, con instituciones interinas. Más allá de las proclamas, nadie puede sostener seriamente que fueron nulas las elecciones presidencial y parlamentaria de fines del año pasado. O que la conducción del Estado se encuentra vacante. Nos consta a todos que, con arreglo al orden constitucional vigente, el Congreso continúa tramitando leyes, el Banco Central cumple con su mandato, la Contraloría otro tanto, y las FF.AA. reconocen la autoridad del Presidente Boric. Es mejor, entonces, no poner en duda la vigencia de las normas bajo las cuales vivimos, como si estuvieran entre paréntesis. Ello solo puede abonar el terreno a las aventuras extraconstitucionales.

No tenemos una democracia “interina” ni una legalidad en suspenso. Es perfectamente legítima la discusión sobre los cambios constitucionales, pero hay que proceder dentro del orden vigente, y el principio elemental es mejorar lo que existe. Por lo tanto, lo deseable es que la clase política deje de actuar como si el país fuera un laboratorio. La obsesión constituyente causó problemas que Chile no tenía, además de distraer a los poderes del Estado de las verdaderas urgencias nacionales. Es indispensable que el Congreso asuma la responsabilidad de articular los cambios y la continuidad.

Lo esencial es renovar el pacto constitucional, o sea, reafirmar los principios, normas y procedimientos que posibilitan el funcionamiento de la democracia representativa. Se trata del marco jurídico y político de la convivencia en libertad. El punto de partida es, por supuesto, la competencia pacífica por el poder. Quienes no aceptan ese principio se ponen fuera del régimen de libertades. Es imperioso poner fin a las ambigüedades y veleidades respecto de la violencia.

El partido en formación Amarillos por Chile ha propuesto, con encomiable realismo, que el Congreso se haga cargo de encauzar el esfuerzo por poner al día el pacto constitucional. Para ello, sugiere tomar como base los 12 puntos en los que coincide la mayoría de las fuerzas políticas. Es una vía razonable, puesto que tales puntos se refieren a las bases de la institucionalidad, y descartan de hecho la idea de partir de cero.

Para reforzar la estabilidad y la gobernabilidad, se requiere que todas las instituciones cumplan con su deber. Así, se crearán condiciones para mejorar la democracia.

Sergio Muñoz Riveros