Tensión está generando en el oficialismo la posibilidad de un alza de tarifas en el transporte público. Mientras una parte de la coalición ha solicitado mantenerlas congeladas, el Presidente Boric, desde Tailandia, ha afirmado que “el congelamiento de tarifas por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo”. Con todo, lo que más parece haber molestado al mandatario es que la discusión se esté ventilando públicamente. “Nosotros somos una alianza de gobierno y lo que yo les manifiesto a todos los partidos y parlamentarios que nos apoyan es que es importante que nos comportemos como tal”, dijo. En este contexto, y refiriéndose a la discusión tarifaria, indicó que “tenemos que llegar a un equilibrio en función también de cómo esté la economía y cómo esté la situación de las familias que más lo necesitan”.

Independientemente de lo que ese “equilibrio” signifique, lo concreto es que una vez más el alza del transporte público traspasa la discusión técnica y se transforma en un hecho político, marcado por el trauma de octubre de 2019, cuando una subida de $30 se transformó en detonante de la mayor crisis en 30 años de democracia.

El Panel de Expertos del Transporte Público (el mismo que propuso el alza de 2019) ha advertido el hecho de que las tarifas se encuentran congeladas desde entonces, lo que “debe ser considerado como un aumento permanente en el costo del sistema y no como un costo transitorio”. Esto ha significado un incremento constante de los subsidios del Estado. Así, estos aportes, que podían tener alguna justificación técnica basada en las externalidades positivas del transporte público, se han desnaturalizado y transformado solo en un mecanismo para absorber las alzas. De hecho, las autoridades han admitido que la diferencia entre la tarifa actual y la que correspondería sería del orden de los cien pesos, mientras que otros especialistas estiman cifras mucho mayores.

Es evidente la complejidad que todo esto representa para una parte del oficialismo, que en 2019 apoyó como legítima “desobediencia civil” las evasiones en el pago de pasajes y que luego, en el programa de gobierno del actual mandatario, prometió que “el transporte público será gratuito y no contaminante”. Ahora que el realismo parece finalmente imponerse y que el propio Presidente Boric ha reconocido la inviabilidad de seguir con el congelamiento, es importante que ello se traduzca en un efectivo avance hacia la normalización de tarifas, terminando con distorsiones que, además de ineficientes, suponen distraer recursos de apremiantes urgencias sociales. Es de esperar que esta vez —y a diferencia de 2019— todo el sistema político se comporte responsablemente y no busque formas fáciles de congraciarse con la ciudadanía. Al mismo tiempo, cabe exigir del Gobierno un plan robusto de contención de la evasión, que a marzo de este año superaba el 30%. Esta, además de su impacto financiero, supone una gran injusticia para quienes sí pagan y contribuye a la preocupante percepción de anomia social que parece instalada en el país.