Una evidente crisis se ha desatado en el Partido de la Gente (PDG) tras la reciente elección del diputado Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara de Diputados. En dicha votación, dos integrantes del PDG, Rubén Oyarzo y Karen Medina, respaldaron a Mirosevic en la votación de primera y segunda vuelta, dando cumplimiento al pacto administrativo con el oficialismo alcanzado en marzo, pero apartándose del acuerdo suscrito con Chile Vamos hace pocos días. A ellos también se sumó el diputado Francisco Pulgar, quien es parte de la bancada, pero no milita formalmente. El caso derivó en que Pulgar fuera expulsado del grupo parlamentario y que el excandidato presidencial y líder natural del partido, Franco Parisi, pidiera sanciones para los diputados que respaldaron a Mirosevic.

El Partido de la Gente es la colectividad con más militantes en el país. Sus peculiaridades y sus fórmulas para conectar con el electorado —fundamentalmente a través de las redes sociales— han hecho de él una especie de fenómeno, con alto posicionamiento en las encuestas. Pero las mismas características que lo han relevado como un exponente de la antipolítica que, al no tener definiciones ideológicas ni domicilio claro, puede amoldarse a las corrientes de opinión dominantes, son las que explican la actual crisis. Si hasta hace unos días se destacaba su ductilidad, ahora se lo cuestiona como un actor poco confiable. Y si su falta de principios doctrinarios aparecía como una ventaja para sumar adhesiones diversas, ahora se traduce en la división entre sus propios miembros.

Desde una mirada más amplia, el caso es una de las muestras más palpables de la crisis que vive el sistema de partidos chileno, consecuencia del descrédito de la política y de un sistema electoral que abrazó la proporcionalidad sin considerar resguardos para evitar que colectividades con mínima representación pudieran llegar al Congreso, lo que ha derivado en una aguda fragmentación política. Todo ello ha debilitado fuertemente a los partidos, incapaces de asegurar coherencia entre sus congresistas. En la práctica, los costos de desmarcarse hoy son bajos, pese incluso a la existencia de una norma “antidíscolos”. En los hechos, la práctica latinoamericana del “camisetazo” empieza también a instaurarse en Chile, con todas sus consecuencias de inestabilidad.

En general, en las democracias desarrolladas, si bien hay espacio para la aparición de nuevas colectividades, se trata de fenómenos que tienden a tomar tiempo para consolidarse y no el reflejo de corrientes pasajeras. Tales sistemas incentivan la formación de mayorías y consideran mecanismos para contener una excesiva fragmentación.

Partidos que surgen como un fenómeno de redes sociales, como es el PDG, cuyo líder se encuentra hace años fuera del país, cuya identidad es difícil de identificar y cuya coherencia no es posible de predecir, no hacen más que poner una nueva señal de interrogación sobre el sistema político chileno. Y ello va más allá de la controversia por la reciente elección en la Cámara.