Atención a suscriptores
Su contrato de suscripción digital está por vencer. Para renovar por un año adicional presione aquí.
RenovarColumnistas
Miércoles 09 de noviembre de 2022
Pensiones de gracia
"Nada se sabe de las condiciones bajo las cuales el INDH concedió estas acreditaciones como víctimas de derechos humanos".
A raíz de oficios de diputados, el Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior informó que se han otorgado 367 pensiones de gracia a víctimas de violaciones a derechos humanos por agentes del Estado durante el “estallido social”. Se informa que las pensiones ascienden a $257.836 mensuales para personas que hayan sufrido agresiones físicas, a $386.754 mensuales para víctimas de lesiones graves (extremidades o tronco) con afectación psicológica (estrés, crisis de angustia, ideación suicida), y de $516.672 para afectos por trauma ocular irreversible o lesiones gravísimas no oculares.
Todas estas pensiones están previstas en glosas de las leyes de presupuesto de los años 2021 y 2022, pero en ambos casos se requiere que las solicitudes vengan acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Incluso en el gobierno de Piñera se entregaron 49 pensiones de gracia, pese a que el Instituto acreditó 145 violaciones a los derechos humanos con ocasión de la crisis social. No sabemos si el reciente informe se refiere al total de pensiones de gracia o solo a las otorgadas durante el gobierno del Presidente Boric.
La directora del Instituto, Consuelo Contreras, señaló que con esto se vulneró la autonomía del Instituto, ya que no fueron consultados, y que pese a ello el órgano ha cumplido con las leyes de 2021 y 2022. Además, cuestionó que estas pensiones de gracia sean parte de una política de reparación integral, ya que, además de indemnizaciones económicas, deberían adoptarse “medidas de justicia, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos está convertido en un órgano donde predomina una visión partisana y activista de los derechos humanos y que no tiene en cuenta los daños y lesiones que podrían haber causado estos supuestos manifestantes pacíficos. La salida de Sergio Micco a días de que se cumpliera su período y la posterior querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos como encubridor de delitos de lesa humanidad son una clara pasada de cuenta.
La queja de que se ha vulnerado la autonomía del Instituto es irrelevante, ya que las pensiones han sido establecidas por leyes de presupuesto, que bien pueden modificar la ley del Instituto. Lo que más sorprende es que la directora niegue que hay aquí una reparación integral: se trata de pensiones que duran toda la vida de los beneficiados, y los montos no son para nada menores, llegando incluso a valores superiores a los 500 mil pesos mensuales.
Por otro lado, nada se sabe de cuáles han sido las condiciones bajo las cuales el Instituto concedió estas acreditaciones como víctimas de derechos humanos, más allá de lo que se exige en la página web institucional, que está desactualizada, ya que se refiere a la Ley de Presupuestos del 2021. Pero en esta página nunca se informa qué órgano es el que aprueba la solicitud de acreditación, y entendemos que cuando las glosas presupuestarias hablan del Instituto se está aludiendo a su Consejo, que es el órgano superior conforme a su ley orgánica.
No parece sensato atribuir al Presidente de la República la decisión de otorgar estas pensiones, ya que ella viene condicionada por la calificación de víctima que hace el mismo Instituto. Tampoco es sencillo conocer si estos beneficiados han acreditado su calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos y que no hayan estado implicados en hechos delictivos a raíz de estos hechos. Nada de esto es público ni se ha informado.
Mientras los afectados por incendios, saqueos y ataques destructivos y los carabineros y carabineras lesionados no son compensados de forma alguna, las presuntas víctimas de lesiones a los derechos humanos reciben pensiones vitalicias y de valores considerables. No deja de ser una paradoja tragicómica.
Lo increíble es que el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2023 mantiene la misma glosa que permite otorgar estas pensiones de gracia. Es de esperar que esto no sea aprobado, o que al menos se otorguen recursos fiscales similares para compensar a las víctimas de la violencia callejera por los daños sufridos desde el 19 de octubre de 2019.
Todas estas pensiones están previstas en glosas de las leyes de presupuesto de los años 2021 y 2022, pero en ambos casos se requiere que las solicitudes vengan acreditadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Incluso en el gobierno de Piñera se entregaron 49 pensiones de gracia, pese a que el Instituto acreditó 145 violaciones a los derechos humanos con ocasión de la crisis social. No sabemos si el reciente informe se refiere al total de pensiones de gracia o solo a las otorgadas durante el gobierno del Presidente Boric.
La directora del Instituto, Consuelo Contreras, señaló que con esto se vulneró la autonomía del Instituto, ya que no fueron consultados, y que pese a ello el órgano ha cumplido con las leyes de 2021 y 2022. Además, cuestionó que estas pensiones de gracia sean parte de una política de reparación integral, ya que, además de indemnizaciones económicas, deberían adoptarse “medidas de justicia, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos está convertido en un órgano donde predomina una visión partisana y activista de los derechos humanos y que no tiene en cuenta los daños y lesiones que podrían haber causado estos supuestos manifestantes pacíficos. La salida de Sergio Micco a días de que se cumpliera su período y la posterior querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos como encubridor de delitos de lesa humanidad son una clara pasada de cuenta.
La queja de que se ha vulnerado la autonomía del Instituto es irrelevante, ya que las pensiones han sido establecidas por leyes de presupuesto, que bien pueden modificar la ley del Instituto. Lo que más sorprende es que la directora niegue que hay aquí una reparación integral: se trata de pensiones que duran toda la vida de los beneficiados, y los montos no son para nada menores, llegando incluso a valores superiores a los 500 mil pesos mensuales.
Por otro lado, nada se sabe de cuáles han sido las condiciones bajo las cuales el Instituto concedió estas acreditaciones como víctimas de derechos humanos, más allá de lo que se exige en la página web institucional, que está desactualizada, ya que se refiere a la Ley de Presupuestos del 2021. Pero en esta página nunca se informa qué órgano es el que aprueba la solicitud de acreditación, y entendemos que cuando las glosas presupuestarias hablan del Instituto se está aludiendo a su Consejo, que es el órgano superior conforme a su ley orgánica.
No parece sensato atribuir al Presidente de la República la decisión de otorgar estas pensiones, ya que ella viene condicionada por la calificación de víctima que hace el mismo Instituto. Tampoco es sencillo conocer si estos beneficiados han acreditado su calidad de víctimas de violaciones a los derechos humanos y que no hayan estado implicados en hechos delictivos a raíz de estos hechos. Nada de esto es público ni se ha informado.
Mientras los afectados por incendios, saqueos y ataques destructivos y los carabineros y carabineras lesionados no son compensados de forma alguna, las presuntas víctimas de lesiones a los derechos humanos reciben pensiones vitalicias y de valores considerables. No deja de ser una paradoja tragicómica.
Lo increíble es que el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2023 mantiene la misma glosa que permite otorgar estas pensiones de gracia. Es de esperar que esto no sea aprobado, o que al menos se otorguen recursos fiscales similares para compensar a las víctimas de la violencia callejera por los daños sufridos desde el 19 de octubre de 2019.
