En estas semanas se ha dado inicio a un proceso que culminará con la elección del fiscal nacional para un próximo período de ocho años. Se trata de un cargo central en una institución que cumple un rol clave en el Estado de Derecho, como es el de llevar adelante la persecución penal de los delitos. El proceso es complejo e involucra la participación de distintos poderes del Estado. En su primera etapa, la Corte Suprema debe escoger una quina de postulantes a partir de un concurso público, el que ya ha sido convocado en esta ocasión. De esa quina, el Presidente de la República deberá elegir un nombre que, para ser electo, requerirá la aprobación de dos tercios del Senado.

Recordemos que se trata del cuarto proceso de esta naturaleza desde que el Ministerio Público fue creado. Los tres anteriores fueron objeto de polémicas de distinta naturaleza. En los primeros dos, los cuestionamientos estuvieron en que habrían primado en ellos consideraciones de equilibrio y juego político en la decisión final por sobre los de idoneidad técnica de los candidatos. En el caso del año 2015, en cambio, se puso en tela de juicio que el proceso estuvo fuertemente condicionado por intereses políticos, en un contexto en que se llevaba adelante en el país una persecución penal intensa en casos de alto perfil público de financiamiento ilegal de la política. Más allá de la efectividad o no de esos cuestionamientos, me interesa destacar que estas polémicas, en parte derivadas de problemas de diseño del mecanismo y en parte de su funcionamiento, han generado daño al Ministerio Público en su credibilidad y niveles de confianza ante la comunidad, debilitando así a la persecución penal. Esto no puede repetirse en un contexto en el que el país enfrenta enormes desafíos en materia de seguridad pública y más que nunca se requiere de una institución que pueda llevar adelante una persecución penal fuerte y legitimada.

Es de esperar que las instituciones que intervienen en el proceso sean especialmente cuidadosas de llevarlo adelante con niveles altos de transparencia y justificando adecuadamente las decisiones que adopten. Por otra parte, debe evitarse que la elección esté condicionada por criterios o intereses que no sean los centrados en la idoneidad de los postulantes y las necesidades que tiene el Ministerio Público en este período para cumplir adecuadamente sus funciones constitucionales. La institución pasa por un complejo momento y no nos podemos dar el lujo de que su capacidad institucional se siga deteriorando a partir de un proceso de selección de su más alta autoridad que sea cuestionable.

Finalmente, se debe tener especial cuidado en elegir a un o una candidata que reúna algunas características indispensables para el trabajo del Ministerio Público en los próximos años. En mi opinión, se requiere de una persona que posea un liderazgo con una importante capacidad y vocación por la innovación, que contribuya, por su trayectoria y personalidad, a dar garantías de autonomía de la persecución penal, que sea más cercana y empática con las demandas sociales en materia de seguridad y las víctimas, y que tenga capacidad de construir alianzas y colaborar con distintas agencias estatales que podrían contribuir más fuertemente con el éxito de la persecución penal.

Es de esperar que el proceso de selección ayude al Ministerio Público a fortalecerse institucionalmente, revertir la pérdida de confianza que ha experimentado estos últimos años y mejorar sus capacidades de llevar adelante una persecución penal eficiente y justa.

Mauricio Duce J.
Profesor Facultad de Derecho UDP