S e acerca un nuevo 18 de octubre y, por primera vez, la coalición que cuestionó e incluso denostó los 30 años de gobiernos democráticos de centroizquierda y centroderecha está ella ahora a cargo del Estado. La aprobación a su gestión es, sin embargo, baja, y la agenda del Ejecutivo, salvo en unos pocos asuntos, se ve extraordinariamente débil. Este hecho no deja de sorprender, atendida la intensidad de la crítica sostenida durante años por este sector político al estado de cosas en el país, lo cual habría hecho pensar que a lo menos sería capaz de articular un programa más o menos robusto para enfrentar esos supuestos aspectos negativos. Le ha pasado la cuenta al actual oficialismo un conjunto de declaraciones muy generales que —ahora se muestra— estaban orientadas a entusiasmar a bases fuertemente ideologizadas, pero con poca apreciación de la realidad y de las demandas ciudadanas. Se agrega el que, a raíz de los hechos de hace tres años, este sector creyó ver confirmados todos sus sesgos cognitivos y concluyó que su visión del mundo no podría sino recibir un respaldo masivo y prolongado en el tiempo. Frente a todo eso, el resultado del plebiscito del 4 de septiembre constituyó una suerte de “mazazo” político que, sin embargo, aún no termina de asimilarse.

Corresponde ahora —tanto a quienes son gobierno como a todo el país— encontrar un equilibrio más razonado al evaluar los episodios del 18 de octubre de 2019 y sus causas. Por supuesto, no es fácil sacudirse de los errores de interpretación de ese evento político. De hecho, más allá de la sorpresa inicial, cabe recordar que rápidamente surgieron en esos días voces que ofrecían una explicación, queriendo ver en lo que ocurría nada más que la ratificación de sus planteamientos críticos sobre la evolución del país. Al respecto, cabe reconocer que en todo proceso de modernización económica acelerada y de cambio cultural ocurren desbalances y emergen nuevas demandas y grupos sociales que las representan. Por cierto, estas situaciones, si no son atendidas oportunamente, pueden producir tensiones e incluso estallidos, pero las sociedades democráticas son capaces de enmendarlas y abordarlas. Eso ocurrió solo parcialmente en Chile, porque diversos sectores se entusiasmaron con otro camino: el de la insurrección popular. Había antes del 18 de octubre antecedentes de la existencia de grupos con tal orientación (hay una larga historia de ello en nuestro país), pero pudieron encontrar en esa coyuntura una validación inesperada: dejar atrás “los 30 años” exigía el uso de todos los medios.

La ciudadanía, sin embargo, ha tenido la oportunidad de reflexionar y diferenciar, valorando algunos de los caminos que desde entonces se le han ofrecido y desestimando como equivocados otros. Detrás de este razonamiento es difícil no concluir que hay en los ciudadanos una mejor apreciación de las referidas tres décadas que la sostenida por diversos sectores políticos. Existen buenas razones para ese juicio. Desde luego, entre 1990 y 2019, el ingreso per cápita se multiplicó por 2,5 veces; además, el de las personas de menos recursos creció más rápido. Ello explica que el coeficiente de Gini —que mide la desigualdad de ingresos— haya pasado de 0,57 en 1990 a 0,45 en 2020, y que la pobreza medida por el indicador más exigente del Banco Mundial (6,85 dólares PPC de 2017) haya caído de 56 por ciento en 1990 a un 8 por ciento treinta años después. Los avances han sido notables en otros campos: la cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, nos ubica en puestos de avanzada en el mundo. La cobertura bruta en educación terciaria se ha cuadruplicado y hay pocos países con indicadores superiores al nuestro en esta dimensión. Simultáneamente, las posibilidades de que las personas puedan desarrollar sus trayectorias de vida deseadas han crecido en forma significativa.

Por supuesto, en varias de estas dimensiones existen asuntos pendientes o que el mundo político no ha sido capaz de abordar apropiadamente. Por una parte, las nuevas inseguridades que crea la modernización, y las expectativas de progreso que la experiencia de las últimas tres décadas trajo consigo. Por otra, la situación de grupos que, por diversas razones, quedan fuera de ese proceso modernizador. Por ejemplo, niños y jóvenes que, como resultado de sus situaciones personales y de la desesperanza, son atrapados en círculos de gran riesgo social como las bandas de narcotráfico o crimen organizado. Pero nada de esto requiere refundaciones, sino reformas bien pensadas, con un Estado capaz de trabajar profesional e interdisciplinariamente asuntos complejos como estos.