La noche del domingo algunos funcionarios de la Corte de Apelaciones de Santiago informaron que estaban experimentando problemas técnicos con sus computadores, probablemente derivado de un virus informático. Durante esa misma jornada tanto jueces como funcionarios fueron alertados de la situación, solicitándoles desconectarse de la red del Poder Judicial y efectuando algunas recomendaciones para evitar que sus dispositivos fueran infectados.

Y la mañana de ayer, el Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) realizó un primer catastro sobre la situación, logrando determinar que menos del 1% de los equipos, es decir, 150, estarían contaminados. Esto, porque el virus malware detectado —tipo de Cryptolocker (Ransomware)— se activa solo en aquellos computadores que cuentan con una combinación específica entre su sistema operativo (Windows 7) y el antivirus (McAfee) instalado.

Según cifras entregadas por el subdirector de la CAPJ, Zvonimir Koporcic, al presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, los dispositivos que cuentan con estas características “son aproximadamente el 23% de los computadores del Poder Judicial”, es decir, 3 mil 500 de un total de 14.990 unidades a nivel nacional.

Además, señaló que “ya se tomaron los caminos para evitar que se siga propagando” —mediante el trabajo realizado por los equipos de informática de la Corporación, de todas las cortes de apelaciones del país y de las administraciones zonales— e igualmente aseguró que “no ha contaminado nuestro sistema de tramitación, que por la marca de nuestros servidores y el sistema operativo que tiene, no son contagiables con este virus”.

Reagendamiento de audiencias

Aunque se registró más de un centenar de computadores infectados, desde el Poder Judicial descartaron desde el principio de la contingencia que esta estuviera comprometiendo al máximo tribunal y, mediante un comunicado, aseguraron que “no afectó el funcionamiento de las cuatro salas de la Corte Suprema, las que están sesionando de manera normal”.

También se recalcó que el virus “no ataca los sistemas de tramitación judicial ni los correos electrónicos, pero puede encriptar información personal que contiene el computador”.

Durante el día se informó de algunas suspensiones o reagendamiento de audiencias, como en San Fernando y Osorno, y en un juzgado de Garantía de Santiago, al darse la orden de no prender los computadores que tuvieran Windows 7 —indicación extendida a nivel nacional como parte del protocolo establecido para este caso y, de esa forma, aislar los equipos que pudieran estar contagiados—, algunos jueces señalaron que las firmas de órdenes de libertad se deberían hacer manualmente y que así tendrá que ser con todas las medidas cautelares, lo que es esperable que genere algún retraso en los procedimientos.

DPP y fiscalía: sistemas no comprometidos

El defensor nacional, Carlos Mora, precisó respecto del hecho que “hemos puesto en alerta a todos nuestros defensores penales públicos para ser cautelosos respecto a los correos externos provenientes de otros organismos y no ejecutar ningún archivo adjunto, mientras se realiza una evaluación más profunda del caso”.

Y añadió: “Entendemos que las audiencias que se realizan vía Zoom estarían al margen de esta situación y hasta ahora, se llevan a cabo, en su mayoría, con normalidad. No obstante, es posible que podamos presentar algunos problemas en el trabajo por interconexión o en las notificaciones, sobre todo debido a que el Poder Judicial funciona, en su mayoría, de manera remota”.

La Defensoría Penal Pública (DPP) igualmente descartó que sus sistemas también hubieran sido vulnerados, como se señaló durante horas de la mañana, y aclararon que “nuestras plataformas están operando de manera normal y se mantienen las medidas de monitoreo y precaución respecto a eventuales infecciones”.

Mientras que desde la Fiscalía Nacional señalaron que “tras el ataque informático que afectó al Poder Judicial, el Ministerio Público se ha mantenido en alerta durante toda la jornada y se encuentra implementando diversas medidas preventivas en materia de ciberseguridad”.

Respecto de la operación del Ministerio Público, añadieron, “esta se vio mínimamente afectada por el retraso o la suspensión de un número acotado de audiencias en algunas regiones del país”.

Medidas de seguridad aplicadas

En tanto, la CAPJ continúa haciendo un levantamiento de información a nivel nacional e instalando en los computadores que lo requieran el parche respectivo para volver a funcionar con normalidad.

Junto con eso, la institución señaló que se han tomado todas las medidas para que estos equipos no puedan acceder a la red del Poder Judicial, reforzando las medidas de seguridad requeridas para ello; que se instalaron los software necesarios para impedir la activación del virus y que, además, se hizo un llamado para que las personas que tengan dispositivos infectados se acerquen a la administración zonal respectiva para recibir ayuda técnica.

Consejos para los usuarios

Algunas de las indicaciones efectuadas a los encargados de computación de los distintos tribunales del país para enfrentar esta situación fue que una vez que el equipo estuviera desconectado de la red del Poder Judicial se debían tomar los archivos que se necesitaran conservar y alojarlos en un pendrive o disco externo. Aquello, porque de guardarse la carpeta completa se corre el riesgo de que el virus vaya incluido en ella. Ya hecho esto se debe apagar y prender el computador para saber si se este se encuentra infectado y, de no ser así, esperar al cambio de antivirus. Sin embargo, de estar comprometido, el dispositivo debe ser formateado.

En tanto, a los usuarios se les recomendó —mediante un instructivo y una gráfica— no abrir correos ni mensajes de dudosa procedencia, ser escépticos frente a “ofertas, promociones, premios increíbles que se ofrecen por internet, o donde estos identifiquen al usuario como consumidor de material pornográfico en internet, extorsionando con pagos para evitar su difusión”. También, que desconfíen de los enlaces y archivos en los mensajes o correos de usuarios o dominios desconocidos y asegurarse de que al ingresar a algún sitio web este contenga la entidad certificadora, es decir, la figura de un candado al inicio de la dirección.