La crisis migratoria en la frontera norte, con un sostenido flujo de extranjeros en condición migratoria irregular, mantiene hasta hoy la presión en zonas limítrofes con el aumento exponencial de ingresos clandestinos en 2020.

En medio de esta crisis migratoria, el Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, entidad que integra el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), entre otras, desarrolló una investigación como parte de un estudio comparado para abordar esta contingencia.

El análisis denominado “Chile ante la crisis humanitaria y los desplazamientos forzados” considera propuestas para acometer la situación de personas en búsqueda de protección internacional debido a los procesos de desplazamientos forzados. “Estas propuestas representan un trabajo conjunto entre la academia, la sociedad civil y la comunidad migrante, buscando aportar a que el Estado pueda extender las protecciones que la ley encomienda a aquellas y aquellos que más las necesitan”, comenta Pablo Roessler, coordinador del comité de gobernanza del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana y jefe de estudios del SJM.

Según datos del Servicio Nacional de Migraciones, el total de solicitudes de refugio formalizadas desde 2010 al 30 de junio pasado asciende a 24.657 casos. Entre 2010 y 2022 se ha formalizado el 2,9% de las solicitudes, mientras que hasta mediados de año se mantenía una tasa de otorgamientos del 0,5%.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile, expresó su satisfacción por haber colaborado en la difusión de la consulta en personas migrantes y refugiadas en el país. “Es un instrumento que evidencia la necesidad de avanzar en la protección internacional de personas en movilidad forzosa y que además toma en cuenta el impacto de la crisis humanitaria en las comunidades de acogida”, afirma.

“Se trata de un documento que hace recomendaciones y propuestas para la construcción de la política migratoria nacional y sube el nivel del debate sobre la materia”, añade Rojas.

Las propuestas surgidas de la investigación buscan fortalecer la participación ciudadana en políticas de protección internacional, potenciar la intersectorialidad entre las diferentes instituciones del Estado y articular una coordinación internacional a nivel latinoamericano, que permita abordar las consecuencias de los desplazamientos forzados, que devienen de conflictos y crisis sociales, económicas y medioambientales.

Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), hasta agosto pasado se registraban 38 mil denuncias por ingresos por pasos no habilitados al país. Un registro que, según fuentes vinculadas a temas migratorios, permitiría proyectar que a fin de año se supere el registro histórico de 56.586 ingresos clandestinos reportados en 2021.