El amplísimo triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional nos sorprendió a todos —y nos alegró a muchos— dejándonos claro que no estamos leyendo bien los complejos fenómenos que se están dando en el país. Este es un aspecto crucial, porque si el diagnóstico es incorrecto, las soluciones también lo serán. Llevamos casi tres años en una crisis social y política, y solo entendiendo lo mejor posible el fenómeno lograremos salir adelante. En materia constitucional, aunque en lo personal pienso que nuestros problemas centrales no radican en el texto constitucional aún vigente, me parece también evidente que necesitamos tener una Constitución que sea validada por una amplia mayoría, y la actual no cumple con esa característica. Debemos entonces contar con una nueva Constitución, tomemos un tiempo razonable para discutir el mecanismo, partiendo de la base de que el utilizado para este proyecto fracasado debe ser modificado.

Otra conclusión que se desprende del resultado del fin de semana es que los chilenos rechazan ampliamente la refundación, el radicalismo, el separatismo y la cancelación que se dio en la Convención. Con voto obligatorio, aspecto que parece deseable reponer, ganó la moderación, lo que hace necesario revisar el sistema de voto proporcional, que hace rentable electoralmente el surgimiento de posturas extremas, como se vio claramente en la elección de los constituyentes.

Por otra parte, la elaboración de un buen diagnóstico de los problemas va más allá del análisis político de los resultados. Se necesita también profundizar sobre las reales causas de la crisis iniciada el 18-O, cuyo análisis parece más basado en consignas que en la realidad. Existe un consenso muy amplio en la necesidad de satisfacer demandas sociales, reducir la desigualdad y la segregación y, por supuesto, recuperar el crecimiento económico; sin embargo, las causas de fondo no son la supuesta privatización de la seguridad social, el neoliberalismo y el modelo extractivista. Si nos dejamos guiar por esos diagnósticos simplistas, que han rodeado la discusión en los últimos tres años, los problemas no se resolverán. Si vamos a las causas de fondo de un menor crecimiento, no puede dejar de mencionarse un sistema tributario menos amigable con el ahorro y la inversión (cinco aumentos de la tributación al capital en una década y otro muy significativo por delante), un nivel de ahorro previsional inconsistente con la demografía, y la creciente incerteza jurídica junto con problemas de inseguridad pública, entre otros. Por otra parte, la satisfacción de las demandas sociales no es solo ni principalmente un problema de falta de recursos al Estado. Entre 1990 y 2020 (para dejar fuera el impacto del IFE) el gasto social creció a una tasa real promedio anual de 7% (se multiplicó por más de siete veces en 30 años), mientras el PIB creció a un promedio de 4%. Parece evidente el problema de gestión del Estado, y la necesidad de su reforma, tema ausente en el itinerario del actual Gobierno. La desigualdad responde principalmente a los déficits de capital humano, a pesar de ser el segundo país de la OCDE en términos del porcentaje del PIB destinado a educación, lo cual se suma a la creciente dificultad de los sectores vulnerables para participar en el mercado laboral formal, que les posibilitaría aumentos de productividad e ingresos a lo largo del tiempo. El problema de los “ninis” en esta materia es un gran desafío para las políticas de familia, educación y laborales. Por otra parte, la segregación muestra un déficit de políticas de urbanismo y refleja también la regresiva política de gasto municipal.

El resultado del plebiscito nos da luces también sobre el grave problema de terrorismo en La Araucanía. Es muy llamativo el hecho de que en las zonas de más de un 70% de población mapuche la opción Rechazo tuvo ese mismo porcentaje. Resulta evidente entonces que la agenda indigenista de la Convención no representa al pueblo mapuche, y debemos definitivamente hacer una separación clara entre el terrorismo en el sur y los problemas que afectan a ese pueblo. El terrorismo debe ser combatido a través de la fuerza del Estado, y con eso se hará la mayor contribución a los mapuches, que podrán vivir en paz y se hará posible el desarrollo económico y social en esa zona, la más pobre del país.

Por supuesto, este análisis podría ser más largo y completo, e incluir, por ejemplo, el grave problema que significa el que más de un 70% de los niños en Chile nazca fuera del matrimonio. Un diagnóstico profundo y de consenso amplio sobre los problemas de Chile es, sin duda, una tarea pendiente para el mundo político y técnico; ojalá el contundente mensaje de moderación y de mayores acuerdos que entregaron los chilenos este domingo nos sirva de punto de partida para esa importante tarea.

Cecilia Cifuentes
Directora ejecutiva Centro de Estudios Financieros ESE Business School U. de los Andes