Los chilenos votarán el 4 de septiembre en lo que podría decirse que es la elección más importante para la nación desde que regresó a la democracia en 1989. Pero el tutorial de ciencia política que sale de este ejercicio va mucho más allá de las fronteras del país.

En un referéndum en octubre de 2020, el 78% de los chilenos votaron a favor de redactar una nueva Constitución. Una asamblea especialmente elegida pasó gran parte del año escribiendo el documento, el que fue presentado a la nación en su versión final este 4 de julio. Ahora al electorado se le está pidiendo que lo “apruebe” o “rechace” en otro referéndum.

Desde abril, las encuestas han mostrado consistentemente que más votantes planean votar en contra de adoptarla que a favor. Esa diferencia ahora es de cerca de 10 puntos porcentuales, pero el conteo final podría ser mucho más cercano. En una encuesta de Pulso Ciudadano entregada el 19 de agosto el 45,8% de los consultados dijo que votaría contra la ratificación del documento versus el 32,9% de quienes piensan aprobarlo. Pero en el mismo sondeo, el 15,7% dijo que estaba indeciso. Ese es el factor incierto.

Lo más probable es que la diferencia final entre los dos lados sea estrecha. De ser así, lo que alguna vez fue anunciado, tanto por la derecha como por la izquierda, como una nueva carta nacional de derechos para hacer de Chile “una casa para todos”, en cambio hizo que alrededor de la mitad del electorado, o más, se sintieran excluidos.

Una lección para cualquier país que busque construir una sociedad libre y justa es que el terrorismo no puede producir unidad nacional. Es verdad que el Partido Comunista y la izquierda radical, incluyendo a sus representantes en la comunidad indígena, ganaron el control de la asamblea constituyente en las elecciones de mayo de 2021. Pero el proyecto constitucional fue presentado solo porque militantes, anarquistas y delincuentes estaban quemando, saqueando y vandalizando el país en un alboroto, iniciado en octubre de 2019, que el gobierno no pudo contener.

Como parte de las reglas que el Congreso estableció para elegir a la asamblea, se permitió que candidatos independientes con intereses especiales, que competían en distritos locales, se saltaran el oneroso proceso de organizar partidos políticos, pero aun así unirse para entrar a la cédula de representación proporcional. Incluso el Partido Socialista admite que esto fue “un gran error”. Además, 17 escaños fueron reservados para activistas indígenas. Estas disposiciones antidemocráticas distorsionaron el resultado a favor de radicales marginales que confundieron su victoria con un amplio respaldo popular.

La centroderecha de Chile objeta la propuesta porque socava los derechos de propiedad, la libertad de expresión y el Estado de Derecho y expande el rol del Estado en la economía. Pero la oposición republicana no es suficiente para explicar la impopularidad del trabajo de la asamblea. El apoyo del Presidente de extrema izquierda, Gabriel Boric, no ayuda. Su mandato es mejor conocido por las altas tasas de delitos violentos, el malestar económico y la inflación que supera el 13% anual. Sin embargo, puede que sean las objeciones de los socialdemócratas del país lo que mejor demuestre por qué el respaldo a la propuesta de la Constitución se ha derrumbado.

El expresidente Eduardo Frei, un demócrata cristiano, favorece una nueva Constitución. Pero en julio anunció que votaría para rechazar la propuesta. Entre sus preocupaciones declaradas está un inadecuado “equilibrio y división de poderes”, de modo que una mayoría electa en control del Ejecutivo y del Legislativo podría llevar al país “hacia un régimen dictatorial” similar a “los que en el mundo están siendo frecuentes”.

Traducción: no sigamos el camino de Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

A Frei también le preocupa que la propuesta arriesga que los jueces queden “controlados políticamente”. Nuevamente citó la experiencia de los vecinos: “La independencia y no politización del Poder Judicial es crucial pues cada vez más las dictaduras se inician y luego se consolidan mediante la captura de la judicatura”. Otros prominentes opositores de la centroizquierda incluyen a los economistas René Cortázar, Rodrigo Valdés y José de Gregorio.

Quizás más que cualquier otro aspecto del borrador, el establecimiento de un Chile plurinacional —que crea naciones dentro del país y una variedad de sistemas legales aplicables a diferentes grupos— es lo que más irrita al electorado. Desde las élites de Santiago hasta los chilenos humildes de clase trabajadora en zonas remotas del país, el plurinacionalismo es visto como un asalto a la idea misma de Chile. Frei lo llamó una potencial “amenaza” al “Estado unitario y a la igualdad de derechos de los habitantes del país”. Como explicó Cortázar, “en lugar de contribuir a una nación más unida, [el proyecto de Constitución] propone dividirnos en varias naciones”.

Los indígenas de Chile tampoco parecen adeptos. En una encuesta de chilenos que se identifican a sí mismos como mapuches —realizada más temprano este año por el Centro de Estudios Públicos, basado en Santiago— el 70% se opuso a la independencia de su comunidad y solo el 12% favoreció un Estado plurinacional.

Gracias a la sobrevivencia de instituciones como la libertad de expresión y el debate en la plaza pública, hay una posibilidad de que esta propuesta sea derrotada. Menos seguro es el compromiso de Boric con una democracia liberal moderna y con erradicar el terrorismo que engendró este desastroso experimento constitucional.

Mary Anastasia O'Grady