Las recientes declaraciones formuladas —en entrevista con “El Mercurio”— por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de posibles cauces de acción en caso de ganar el Rechazo en el plebiscito muestran cómo el Gobierno ha ido incorporando esa hipótesis como un escenario posible y ante el cual debe estar preparado. Ha habido aquí un giro evidente: si hace pocos meses el ministro Giorgio Jackson manifestaba que la implementación del programa enfrentaría serias limitaciones en caso de perder el Apruebo —“hay cosas de nuestro programa que no se podrían ejecutar con la Constitución actual”, señaló en junio—, las declaraciones de Marcel van en la dirección contraria: en su visión, “la agenda de este gobierno es viable bajo el marco institucional actual y cualquier otro”. Ello no solo sugiere un cambio de ejes de influencia dentro del gabinete, sino también una dosis de mayor realismo en el Ejecutivo, al asumir la posibilidad de que la propuesta constitucional sea rechazada.

Con todo, considerando el grado de involucramiento del Gobierno en la campaña plebiscitaria y su abierta identificación con la opción Apruebo, un eventual triunfo del Rechazo puede tener aún más consecuencias que las admitidas por el ministro. En efecto, por más que diferentes fuerzas políticas ya hayan anticipado su disposición a buscar acuerdos que permitan dar continuidad al proceso constitucional, tal escenario igualmente representaría una severa derrota política para esta administración. No podría, por lo mismo, mantenerse la agenda gubernamental insensible a aquello. De hecho, no parece fácilmente imaginable que la autoridad pueda empujar de igual manera proyectos emblemáticos como la reforma tributaria o la reforma de pensiones, independientemente del resultado electoral.

Otro aspecto a considerar entre los desafíos que se le plantean al Gobierno dice relación con las dificultades económicas que ya se advierten para el segundo semestre y para 2023. Con alta probabilidad, la economía chilena podría estar entrando en recesión, en un contexto donde la inflación sigue golpeando con fuerza los ingresos de los hogares. Tanto por las condiciones financieras externas, que se anticipan más restrictivas, como por la necesidad de bajar el gasto interno —que se manifiesta con claridad en un déficit de cuenta corriente históricamente alto—, la conducción económica de los próximos dos años se avizora especialmente compleja. De modo inevitable, un debate tributario polarizado o proyectos laborales que dificulten la contratación introducirán un ruido mayor en las decisiones de inversión.

Sin duda, un triunfo del Rechazo despejaría ciertos escenarios particularmente negativos vinculados de manera directa con los contenidos de la propuesta constitucional. Sin embargo, no podrá entregar certezas sólidas, a menos que los distintos actores políticos privilegien la responsabilidad y la búsqueda de entendimientos. El punto es crítico: la confluencia de un ciclo económico a la baja y de un gobierno debilitado ha demostrado ser propiciatoria de conductas demagógicas y populistas por parte de distintas fuerzas políticas, partiendo por miembros de la propia coalición oficialista.

Con todo, el Gobierno también tiene la oportunidad de marcar un cambio de rumbo a partir de lo que ocurra el 4 de septiembre, abandonando las actitudes partisanas que lo han caracterizado en estos meses, para asumir un liderazgo responsable que facilite el encauzamiento del proceso constitucional y que evite agregar trabas a la recuperación de la economía. Aunque en el corto plazo el impacto económico de ello pueda ser marginal, podría contribuir a revertir, por ejemplo, las paupérrimas perspectivas de inversión para el período 2023-2026, publicadas por la Corporación de Bienes de Capital recientemente.