En el marco de una campaña intensa frente al plebiscito del 4 de septiembre, se debaten en las más diversas asambleas, foros, medios de comunicación, etc. las propuestas de la nueva Constitución.

Debates intensos sobre el consentimiento indígena; las autonomías territoriales; el estado regional; el sistema político; el sistema judicial; el estado ecológico e incluso se debate sobre el estado paritario. En este contexto, echo de menos relevar lo principal de la propuesta de la nueva Constitución para las fuerzas progresistas que es el Estado social y democrático de Derecho. Por lo menos para mí, constituye el corazón de la propuesta constitucional y siendo muy importantes todos los otros temas mencionados, debieran quedar subordinados al principio esencial de la nueva Constitución, reiterando sobre todo en este punto a los que se autodefinan de centroizquierda.

La demanda por la construcción de una sociedad más justa ha acompañado la historia de Chile desde sus orígenes: la Constitución liberal de 1828; la sociedad de la igualdad de Arcos y Bilbao en 1850; el Partido Demócrata de 1887; la cuestión social de principios del siglo XX; la Convención Radical de 1906; el Partido Obrero Socialista de 1912; la campaña progresista de Arturo Alessandri de 1920; el Partido Socialista de 1933; la falange de 1938; el Frente Popular de Aguirre Cerda en 1938; la revolución en libertad de Frei Montalva en 1964; la revolución con sabor a “vino tinto y empanadas“ de Allende en 1970 y finalmente los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría en los últimos 32 años. Larga historia en que cada uno de esos hitos perseguía el mismo objetivo: la construcción de una sociedad más justa y más libre. Hoy día tenemos la oportunidad, como nunca antes, de concretar esa antigua aspiración votando Apruebo el 4 de septiembre.

Aún más relevante es la construcción de este Estado social democrático y de Derecho frente a una de las heridas más lacerantes de la sociedad chilena cual es la desigualdad. Solo es posible reducirla y derrotarla con este Estado social y democrático de Derecho. El derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a pensiones dignas contempladas en la propuesta constitucional nos permitiría una sociedad más integrada, más cohesionada y más estabilizada para desplegar la democracia.

Estimado lector: solo piense, por ejemplo, que en materia de salud hoy día tenemos a un 80% de la población en el sistema público y a un 17% de la misma en el sistema privado. No es posible continuar con un sistema en que la atención, calidad y equidad en el tratamiento de esta principal demanda de cualquier ser humano estén cruzadas por el mercado y el ingreso de cada chileno y chilena. Piense además en la educación, hoy día segregada en tres niveles de acuerdo al ingreso de cada familia. Es así como tenemos un sistema municipal, un sistema particular subvencionado y un sistema particular pagado. Estos tres niveles, hasta ahora, dependen del ingreso de cada familia, pero sus resultados son muy diferentes. A manera de ejemplo, en la última prueba de transición, a mediados de año, los resultados fueron los siguientes: el estudiante municipal logró 521 puntos, que corresponde al 35% de la matrícula; el estudiante particular subvencionado logró 536 puntos, que corresponde al 56% de la matrícula, y el estudiante del sistema particular pagado logró 618 puntos, que corresponde al 9% de la matrícula. ¿Sabe usted por qué pasa esto, entre otras cosas? La inversión estatal mensual por estudiante municipal y subvencionado es de alrededor de $140.000 mensuales, mientras tanto que la inversión de las familias que pueden elegir el particular pagado es de $380.000 mensuales. En materia de vivienda, el derecho a adquirirla en propiedad privada y heredable les falta en la actualidad a 650.000 familias y finalmente, el derecho a una pensión digna es imprescindible para que hombres y mujeres puedan vivir su vejez con dignidad. Enfrentar estas desigualdades está en el corazón de la propuesta constitucional. No perdamos la oportunidad el 4 de septiembre para construir un país más justo y más libre.