Si un guionista hubiera propuesto una trama como la que ha vivido Chile desde el 2019, se la habrían rechazado por inverosímil.

Pero la realidad, una vez más, ha superado la ficción.

Y cuando ya parecía que nos aproximábamos a punto muerto de cara al plebiscito, ha detonado el caso Llaitul, paralizando al Gobierno y volviendo a poner sobre la mesa el tema que probablemente más votos lleva al Rechazo: la violencia mapuche.

Cuando recién se anunció el apresamiento de Llaitul, algunos pensaron que era una gran noticia para el Gobierno. Que mostraba efectividad en detener al líder de la violencia en Chile. Pero ello hubiera supuesto que el Presidente Boric se paseara como Fujimori tras detener a Abimael Guzmán o lo anunciara con la exultación que el Presidente Obama informó la muerte de Osama Bin Laden.

Nada de eso era posible.

En el fondo, sigue existiendo afecto, comprensión o simpatía en gran parte de la izquierda por Llaitul. Hace no tanto tiempo, muchos lo consideraban un “gran intelectual”. Pero es un error. Llaitul no es más que un antisocial, en el sentido político de la palabra; un delincuente, en sentido penal, y un violento, en el sentido psicológico.

“Yo soy de una sola línea, yo soy revolucionario, hermano, hueón. Yo me gano la plata o la recibo de los amigos, el resto, compadre”, se autodefine en la grabación conocida ayer.

Y para una parte grande de la izquierda, la palabra “revolucionario” siempre genera excitación. De ahí que todavía se siga venerando a revolucionarios sanguinarios, como Lenin, Fidel Castro o el Che Guevara.

El argumento es siempre el mismo: se justifica de alguna forma la violencia física por la existencia de una “violencia estructural”, que sufren de manera muy especial aquellos que se han visto desahuciados del sistema. Al justificarla, como hizo gran parte de ese mundo desde el 18 de octubre, se admite que para conseguir una sociedad más justa se requiere la fuerza y el terror. Y ello desemboca siempre en regímenes autoritarios.

Por mucho que las circunstancias del país hayan cambiado, que el Gobierno ya no hable de “Wallmapu” ni de “presos políticos”, salir a exhibir la caza de Llaitul habría sido, no solo no creíble, sino que habría sido contrario a las pulsiones naturales de gran parte del oficialismo.

Pero esa definición ni siquiera hubo que tomarla: la PDI no le avisó al Gobierno del operativo. La ministra Siches y el Presidente Boric se enteraron por la prensa. Y así se encargó la PDI de dejarlo en claro. Segundo problema para el Gobierno.

Y luego vendría la guinda de la torta: el “affaire Jeanette Vega”. Y las preguntas son inevitables: ¿Conversó la ministra con Llaitul? ¿Quién más lo hizo? ¿Quién más sabía? Y la contraparte es que el propio Llaitul sabe que cuenta con información que puede usar en contra del Gobierno, con lo que la situación política es crítica.

El aspecto más complejo que exacerba la connotación política es que el cambio de opinión en este tema de Boric, Vallejo y Jackson, es demasiado grande en demasiado poco tiempo. Ayer se criminalizaba a Piñera por el estado de excepción, hoy lo establece el propio Gobierno. Ayer se hablaba del Wallmapu, hoy de la macrozona. Ayer se evitaban las querellas a Llaitul porque no se perseguían ideas, hoy se destaca su detención.

Públicamente, el Gobierno no podía sostener a la ministra Vega. A casi una semana del plebiscito, la violencia y la delincuencia son el tema prioritario en la agenda pública. Y el caso Llaitul encarna todo aquello.

Pero los efectos sobre la campaña son devastadores. Por una parte, afectará seriamente la aprobación del Gobierno. Por otra parte, se recuerda que el programa de Boric y la Convención quisieron eliminar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado. Finalmente, el problema es que vuelve a centrar la discusión en la plurinacionalidad. Las tres cosas definitivamente no ayudan al proyecto constitucional.

En un tuit (¡hace solo un año!), que después corrigió, el entonces diputado Boric señaló: “Han asesinado a Ernesto Llaitul. Esta situación es gravísima y la indignación nos desborda, pero no paraliza. Nos ponemos a disposición de la familia y comunidades, a quienes manifestamos nuestra solidaridad. ¡No más militarización! No permitiremos impunidad”.

Ha pasado el tiempo. Ha corrido demasiada agua bajo el puente.