La detención este miércoles del líder de la CAM, Héctor Llaitul, es una señal importante en momentos en que, a veces, se instala en el país la percepción de que ciertos actos delictivos y violentos gozan de impunidad. Un fenómeno de estas características, más temprano que tarde puede socavar las bases de una convivencia pacífica, indispensable para el buen funcionamiento de una comunidad política. Lamentable y a la vez revelador resulta, por lo mismo, que un hecho tan relevante como esta detención coincida con la revelación de una inentendible actuación de la ahora exministra de Desarrollo Social, ocurrida cuando en mayo —y días después de que Llaitul llamara a la “resistencia armada”— una funcionaria de esa cartera contactó telefónicamente al ahora detenido para señalarle la intención de la secretaria de Estado de conversar con él.

Hay que recordar un largo historial de delitos de distinta naturaleza reivindicados por la CAM e incluso por su mismo líder. A ello se suma un conjunto de amenazas, proferidas durante años, como parte de una estrategia para reclamar un autogobierno mapuche. La Fiscalía imputó a Llaitul por delitos cometidos entre 2020 y 2022 que incluyen infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, usurpación violenta y atentado armado contra la autoridad. Las pruebas ofrecidas ayer en la audiencia de formalización convencieron al Juzgado de Garantía de Temuco para decretar la prisión preventiva del imputado.

Esta formalización es el resultado de una acuciosa investigación desarrollada por la fiscalía regional de La Araucanía con el apoyo de la Policía de Investigaciones, llevada a cabo con una determinación digna de destacar y donde también la fiscalía del Biobío ha jugado un papel relevante. Ello, a pesar del difícil clima generado por grupos minoritarios que han pretendido ver en la defensa del Estado de Derecho una motivación política. A esto hay que agregar la prolongada indecisión del actual gobierno para abordar con la debida fuerza esta realidad. La incredulidad ciudadana con su postura terminó obligándolo a sumarse a la causa que estaba desarrollando la Fiscalía. Corresponde ahora afinar la investigación y llevar adelante el juicio. Este seguramente será empañado por la acusación continua de algunos grupos que denunciarán un supuesto juzgamiento político o hasta la incompetencia de la “justicia chilena”, como ya ha sucedido, para analizar la situación jurídica del líder de la CAM. Tampoco hay que descartar nuevos atentados terroristas, como ya se han registrado en estas horas.

Frente a ello, se requiere un compromiso político transversal para que el Ministerio Público y la Justicia puedan actuar con tranquilidad y sin presiones. La ciudadanía espera que las instituciones funcionen adecuadamente, de acuerdo con el propósito con el que fueron diseñadas. Los líderes políticos no parecen, sin embargo, darse siempre cuenta del papel que están llamados a cumplir en estas delicadas circunstancias, como lo grafica la insólita actuación de la exministra. Por cierto, ella es un reflejo más de las indecisiones que han caracterizado la posición del Gobierno frente a la violencia en la macrozona sur, desde su inicial intención de dialogar con los grupos extremistas , hasta las sucesivas declaratorias de estado de emergencia.

Ahora, al haber aceptado sin titubeos la renuncia de la alta funcionaria, la autoridad ha tomado una decisión correcta. Más aún considerando que Desarrollo Social es la cartera responsable de la relación con los pueblos originarios y que en este tiempo no fue capaz de articular lineamientos mínimos para abordar satisfactoriamente esa relación. Pero si al haber procedido ahora con prontitud el Ejecutivo ha buscado despejar dudas respecto de su compromiso para enfrentar la violencia, otras señales, como la intervención del abogado del Ministerio del Interior ayer en la audiencia en Temuco —“el señor Llaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial”, dijo— generan inevitable confusión y deben también ser aclaradas.

Por cierto, todo lo ocurrido en torno a Llaitul y la CAM, así como el estado del debate en esta materia, son reveladores del mal pie en el que se encuentra el país para enfrentar las disposiciones que contiene la propuesta constitucional. Ellas pueden solo exacerbar los potenciales conflictos y contribuir a una inevitable fragmentación del Estado chileno, más aún cuando no hay instituciones reales sobre la cuales construir la pretendida plurinacionalidad que allí se plantea.