Nuevos bríos legislativos ha tomado el proyecto que busca implementar una jornada laboral de 40 horas, luego de la serie de indicaciones presentadas esta semana por el Ejecutivo. En lo esencial, estas incluyen una implementación gradual de la reducción (5 años), reglas especiales para determinadas ocupaciones y medidas compensatorias por los eventuales efectos sobre el empleo. Pero estas modificaciones permitirán aminorar solo parcialmente los efectos negativos de una idea que vendrá a rigidizar el mercado laboral chileno.

Uno de los argumentos del Ejecutivo para justificar la implementación de una jornada de 40 horas se basa en la simple extrapolación de la tendencia que experimentó el número de horas anuales de trabajo en Chile hasta 2019. En efecto, de acuerdo con las cifras del INE, entre 2010 y 2019, las horas efectivas de trabajo se redujeron levemente (desde un poco menos de 2.100 horas al año hasta un poco más de 1.900 horas). Este fue el resultado de un proceso de transformación del mercado laboral, que incluyó la expansión del empleo por cuenta propia, la ampliación de la participación laboral femenina y la utilización de tecnología dentro de las empresas. Sin embargo, la tendencia cambió bruscamente con la pandemia y existe incertidumbre respecto de su futuro. Con el proyecto de 40 horas, se busca forzar mecánicamente una reducción casi lineal hasta las 1.800 horas efectivas de trabajo hacia 2028, pero no se ofrecen proyecciones respecto del aumento en los costos laborales ni acerca del impacto sobre el empleo. Esto es desafortunado, toda vez que los incentivos económicos que conlleva la propuesta permiten anticipar, por ejemplo, la aceleración de la automatización de las labores, con el consecuente efecto negativo sobre el trabajo.

En este sentido, no sorprende que los gremios que representan a las grandes empresas se muestren entusiasmados con la idea. Por una parte, ellas ya han utilizado la evolución del mercado laboral para ajustar sus jornadas laborales, por lo que forzar las 40 horas no tendría mayor impacto. Por otro lado, quizás anticipan que las ganancias en productividad que no se han producido en la última década (a pesar de contar con una población más educada), podrían ahora concretarse si existen mayores incentivos a reemplazar empleo por tecnología gracias a una menor jornada. Así concebido, el proyecto de 40 horas podría permitir la tan buscada reasignación de recursos hacia firmas ya establecidas cuya productividad esté creciendo (posiblemente las más grandes), aumentando la eficiencia del dinamismo de la economía, claro que a cuenta de un impacto negativo sobre el empleo.

Por supuesto, la otra cara de la moneda viene dada por las dificultades que significan las 40 horas para la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las más pequeñas. Esto último es correctamente anticipado por las indicaciones del Ejecutivo, que buscan apoyar a micro y pequeñas empresas durante la implementación de la medida. Sin embargo, los cambios sobre el Sence o la Dirección del Trabajo parecen insuficientes.

Menor atención se ha dado al impacto que tendrá el proyecto sobre la distribución de ingresos. Esto es paradójico, dado el relato político de la administración del Presidente Boric.

La evidencia internacional ha demostrado que la automatización del trabajo ha generado una polarización del mercado laboral que termina afectando con mayor fuerza al trabajador menos calificado. Por el contrario, trabajadores con mayores niveles de capital humano pueden incluso beneficiarse de este proceso. Así, dicha polarización emerge como un factor tras el aumento en la desigualdad. Dados los incentivos que involucra el proyecto de 40 horas, no es posible descartar tal resultado en Chile. De hecho, la gradualidad de su implementación ofrece una oportunidad para planear innovaciones tecnológicas en esa dirección con tiempo. Eso amplificaría el impacto negativo sobre el empleo y la distribución del ingreso en el largo plazo.

Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, más allá del apoyo de los grandes empresarios, poco podrán hacer para compensar los referidos efectos negativos sobre las pequeñas empresas y el trabajador menos calificado. Los parlamentarios deberían tomar nota de esto. Su eventual apoyo al proyecto debería ser justificado a partir de medidas adicionales como, por ejemplo, la adaptabilidad pactada, una revisión de la deficiente normativa del teletrabajo o la flexibilidad de la jornada.