La reciente ofensiva ante la Contraloría General de la República por parte de la compañía de electricidad CGE —de propiedad de la estatal china State Grid Corporation— por el proceso de fijación tarifaria abre un capítulo desconocido en la relación entre las empresas distribuidoras y el regulador estatal.

Los procesos de tarificación generan normalmente fricciones entre esas empresas y la Comisión Nacional de Energía, toda vez que el sistema está basado en precios que representan los costos reales de distribución eléctrica asociados con una operación eficiente. Como esta “empresa eficiente” es una abstracción usada para representar esos costos y las inversiones que permitan satisfacer la demanda con un nivel de servicio adecuado, resulta natural que se produzcan diferencias entre las partes respecto de las tarifas necesarias para hacer rentar tal modelo. El esquema regulatorio chileno establece que esas diferencias se diriman por un panel de expertos.

El proceso tarifario para la distribución eléctrica sufre un importante atraso, en parte por la poca disponibilidad de los gobiernos a reconocer los efectos de los mayores costos sobre las tarifas. En este caso, la justificación de la empresa para acusar un vicio apunta a diferencias respecto de la incorporación en el modelo de inversiones realizadas para asegurar la calidad del servicio, demandando que estas sean adecuadamente remuneradas. Hay aquí una discrepancia conceptual que sobrepasa el alcance de las diferencias que se han tenido en procesos anteriores, pues esta vez la empresa reclama una supuesta ilegalidad, argumentando que las exigencias de calidad impuestas normativamente no estarían siendo recogidas por los estudios tarifarios.

La decisión de esta compañía de capitales chinos de acudir a la Contraloría antes de la emisión del decreto tarifario representa, por cierto, un desencuentro mayor con el regulador. Como tal, abre suspicacias respecto de cómo las inversiones de capitales estatales chinos podrían interactuar con el Estado chileno en sectores regulados de la economía. Por lo mismo, las actuaciones de las autoridades regulatorias y políticas requieren —siempre, pero particularmente en este caso— de máxima transparencia.

Esta interrogante —que también ha sido motivo de debate en otros países— no debe, sin embargo, llevar a desconocer otros problemas altamente complejos aquí involucrados. Por una parte, cabe advertir que los procesos regulatorios en áreas sensibles parecen estar cada vez más expuestos a consideraciones políticas por parte de los gobiernos, a propósito de las dificultades sociales de los últimos años. Pero, además, y quizá como constatación más estructural, esta disputa también muestra la tensión que se produce al establecer altas exigencias legales y normativas en materia de calidad, pero con una baja disposición a que ellas puedan reflejarse en la definición de tarifas. Es necesario dar cuenta en el debate público de que las obligaciones para las empresas de servicios que muchas veces fluyen de la discusión política y legislativa sí afectan sus costos y, en consecuencia, deben poder expresarse en sus precios.