Costó muchísimo que saliera el esperado “acuerdo” del oficialismo para reformar el texto constitucional si gana la opción Apruebo. Fue precedido, además, por declaraciones de las voces más emblemáticas de la izquierda que hasta hace pocos días negaban persistentemente la necesidad de comprometerse con cambios. Al texto no debía movérsele ni una coma —aprobar “sin condiciones”— o podían evaluarse algunas reformas posplebiscito.

Hasta que salió humo blanco. Porque París bien vale una misa, y una derrota —aun cuando reconocen que es una posibilidad latente— se avista como un tsunami, en particular para el Gobierno.

Así las cosas, las expectativas la mañana del jueves eran respecto de los temas que tocaría el acuerdo y la profundidad de los cambios. Nadie podía imaginar que, después de una performance como las que solo ese mundo político puede montar, el acuerdo se convertiría, antes de una hora, en un nudo de desacuerdos.

Se bajó el telón y el presidente del PC le confirmaba a todo Chile que no estaban en condiciones de garantizar que cumplirían lo firmado. La presidencia del PS, que no es cualquier partido, sino el más grande del oficialismo, con la mayor capacidad de movilizar y ordenar, mandaba a callar a Daniel Jadue, que tampoco es cualquier alcalde, sino el exrival en la primaria del Presidente Boric y potencial candidato presidencial. Y una docena de exconvencionales salían furiosos a acusar el desacato de la voluntad popular que los eligió, y a la mayoría dominante de la Convención.

Desde entonces sabemos más de los conflictos que ha generado la promesa de aprobar para reformar que de su contenido (ningún cambio concreto, por cierto, salvo la reposición del estado de excepción). Era difícil sacar adelante un compromiso cuando hay desacuerdos en tan amplios sentidos. Respecto de la pertinencia de reformar, de la profundidad de los cambios, de la oportunidad. Y el mayor de todos los desacuerdos, probablemente, la reaparición de los partidos políticos como protagonistas.

La cocina hiere la autoestima no solo del Frente Amplio, también de quienes llegaron a la Convención como “independientes”, pero en realidad militaban ideológicamente en el espectro más radical del indigenismo, el ecologismo y el feminismo. Y degradaron el costado más noble de la política: el diálogo, la deliberación, la recepción de la experiencia, con buena voluntad.

Lo que iba a ser la última carta, un hito que simbolizara unidad y convicción, detrás de la necesidad imperiosa de remontar en las encuestas, se ha convertido en la evidencia más explícita de los profundos desacuerdos en las dos izquierdas que sostienen al Gobierno. Es la demostración, con más o menos elegancia entre los avezados y con frecuente rudeza en la mayoría, de que el texto constitucional propuesto para Chile genera incomodidad en una parte del oficialismo. Lo reconocen maximalista (el resultado de “lujitos”, como dijo un exconvencional PS en estas páginas). Y admiten, en la sola idea de comprometer reformas posteriores, que las preocupaciones que se extienden no son falsedades, sino realidades.

¿Pudo pactarse un acuerdo para mejorar las expectativas del Apruebo? Claro que pudo hacerse de otra manera, para empezar con más antelación, con mayor franqueza respecto de los errores estructurales del texto constitucional, con una hoja de ruta. Lo que se ofreció fue un compromiso a última hora, a regañadientes y con evidente y exclusivo interés electoral. Y, como broche de oro: con el retiro de la firma de uno de sus garantes, en cuanto se bajó del escenario.

Isabel Plá