Volver al origen y al sentido del proceso que vive nuestro país parece indispensable para comprender las actuales circunstancias y sus perspectivas. Lo que está en juego es la vigencia de un proyecto transformador, que se caracteriza por la lucha en torno a los clivajes centrales de la sociedad chilena.

Por un lado, el trazado histórico político heredado de la dictadura, representado en el sistema de partidos y las diversas confrontaciones desarrolladas en las últimas décadas, que se expresaron en el estallido de octubre de 2019, en movimientos y movilizaciones sociales, y en elecciones de otra naturaleza e institucionalidad, como la del proceso constituyente, sin una representación político institucional estable. Por otro lado, cruzando lo anterior, la sociedad chilena está atravesada por un profundo clivaje social en sus dos dimensiones de desigualdad y de rechazo de las élites de poder en todos los ámbitos y en su institucionalidad. Las consecuencias y entremezclamiento de ambos tipos de clivajes se expresan en lo que se denomina la sociedad rota o fragmentada, sin cohesión ni económico-social, política o cultural.

Así, el sentido del proceso que vivimos es doble: superar el orden económico-social generado en dictadura, y reformado y consolidado a la vez en el período democrático, así como generar nuevas relaciones entre política y sociedad, o dicho de otro modo, reconstruir la comunidad política.

La solución encontrada para resolver la crisis de la sociedad que se hizo manifiesta en el estallido fue la formulación de una nueva Constitución elaborada por la ciudadanía, que generara nuevos horizontes cuando el existente había perdido toda legitimidad y era visto como el marco en que se fundaban y desarrollaban las injusticias y abusos. De modo que la pregunta central en este plano es si el texto aprobado por la Convención Constitucional responde al doble desafío de abrir un horizonte de superación del orden económico social en crisis y de generación de nuevas relaciones entre política y sociedad.

A nuestro juicio, la respuesta es sin duda positiva. Así, por un lado, la propuesta constitucional establece un orden social democrático que garantiza los derechos humanos y sociales, configurando un nuevo tipo de Estado, lo que abre camino a la construcción de un modelo de desarrollo que podrá terminar con el neoliberalismo. Por otro lado, el texto responde a la necesidad de nuevas relaciones entre política y sociedad y de reconstrucción de la comunidad política, aun cuando sea débil en lo referente a los partidos, al establecer un conjunto de mecanismos de participación ciudadana, eliminar el poder de veto de minorías, potenciar la presencia de nuevos actores, entre otros aspectos.

Pero no se trata solo de un texto, sino de todo un proceso que ha activado a la sociedad en la búsqueda de resolución de sus problemas fundamentales, y que tiene un momento culminante en el plebiscito del 4 de septiembre en torno a las opciones de Apruebo o Rechazo.

La opción del Rechazo, si bien es apoyada por sectores sociales diversos, ha sido liderada desde un comienzo por aquellos más proclives al mantenimiento del statu quo y refractarios a un reordenamiento institucional, utilizando para ello todos los recursos económicos, políticos y comunicacionales. Ello implica que de triunfar, estaríamos en presencia de un retroceso muy profundo respecto de lo que este proceso ha significado para resolver los clivajes centrales que nos dividen. En ese caso, un nuevo proceso constituyente, y no soluciones cupulares, parecería la única manera de enfrentar las grandes cuestiones que han dado origen al actual proceso.

Por el contrario, la opción del Apruebo es la que permite la continuidad del proceso y señala un horizonte para enfrentar nuestros grandes conflictos y superar nuestras profundas divisiones. Más aún si las fuerzas políticas que la promueven llegan a acuerdos sobre aquellos puntos que pudieran revisarse o precisarse.

Manuel Antonio Garretón
Carlos Ruiz
Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social.