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Cartas
Sábado 06 de agosto de 2022
El incierto “justo precio”
Señor Director:
En una entrevista reciente, el ministro Jackson reconoció que es posible que “el precio de mercado no tenga nada que ver con lo que establezca el justo precio de un bien”.
Es decir que, de aprobarse la propuesta constitucional, la discusión judicial por reclamación de montos de indemnización por expropiaciones ya no versará sobre una cuestión empírica —el valor de mercado de un bien—, sino valorativa —cuán ajustado está dicho monto a un ideal de justicia, cuyos criterios de determinación son absolutamente desconocidos.
Incluso bajo un régimen protector del derecho de propiedad como el actual, las personas expropiadas están sometidas a niveles importantes de incertidumbre. Según un informe del Observatorio Judicial, de 601 causas ingresadas a los tribunales de justicia por este concepto, un 1% de las demandas fueron acogidas en su totalidad. En el 35% de los casos, la demanda fue acogida parcialmente. En estos casos, el monto concedido ascendió, en promedio, a un 46% del total demandado, proporción que es decreciente cuanto mayor sea el monto que se demanda. El resto de las causas fueron rechazadas, desistidas, abandonadas o archivadas.
Por supuesto, es imposible determinar si los fallos se ajustan a derecho sin atender a las circunstancias de cada caso. Pero los números sí muestran que, aun en una discusión judicial acotada al valor del daño patrimonial efectivamente causado, el expropiado deberá enfrentar en promedio 3,6 años de incertidumbre, que es lo que duran los juicios por expropiaciones solo en primera instancia.
La incorporación de una variante normativa y, en último término, subjetiva, como la “justicia” del precio del bien expropiado, solo puede aumentar la incerteza de los resultados judiciales. Con ello, nos alejamos de países como Noruega, Suecia o Dinamarca, que están en los primeros lugares del Índice de Protección del Derecho de Propiedad, y corremos el riesgo de caer por debajo del puesto 44 que actualmente ostenta nuestro país.
José Miguel Aldunate
Director de Estudios Observatorio Judicial