La seguridad de las personas y de sus bienes es indispensable en una sociedad democrática que descansa sobre un Estado de Derecho. La adhesión a este principio básico no puede estar sometida a conveniencias políticas transitorias y se espera que sea compartida por todas las personas, movimientos y partidos que participan en el juego democrático. Si un sector específico relativiza su compromiso con este propósito, las consecuencias suelen ser negativas e impredecibles. El actual gobierno está viviendo los efectos de una mirada que rayó en el oportunismo respecto de esta dimensión en su actuación como opositores en años pasados. Por cierto, pueden existir diferencias de opinión respecto de cómo garantizar adecuadamente la seguridad pública, pero siempre sobre la base de que esta constituye un objetivo intransable. Sin embargo, la oposición ejercida por quienes hoy son oficialismo fue ambigua ante diversos actos de violencia e insistente en poner en duda la legitimidad de las fuerzas policiales. Obviamente estas pueden ser objeto de críticas y propuestas de reforma; lo complejo es el cuestionamiento permanente de sus actuaciones, desconociendo que la protección de las personas y sus bienes exige, a veces, el empleo de la fuerza. Ello permitió que ciertos grupos encontraran pocos obstáculos para usar la delincuencia y la violencia como arma de reivindicación política.

Una vez en el gobierno, esa misma oposición intentó transformar un discurso poco comprometido con el orden público en una manera distinta de abordar el problema. Sin embargo, al poco andar se notó la ausencia de una verdadera estrategia para hacerse cargo de un asunto tan complejo. Es inevitable que en estos contextos se instale una sensación de impunidad; la experiencia comparada en estas materias es bien clara. Así, el Gobierno se ha visto obligado a retroceder y recurrir a formas más tradicionales para enfrentar las cuestiones de orden público. Sin embargo, pese al giro, ha quedado debilitado; más aún, cuando este cambio ha generado tensiones al interior del oficialismo y se siguen cada tanto escuchando declaraciones que —como los dichos del ministro Jackson a propósito de la posible compra por el Estado de terrenos de empresas forestales que se encuentren tomados— minimizan la gravedad de las acciones de fuerza. En este contexto, es inevitable que la autoridad sea recurrentemente desafiada, toda vez que su credibilidad se encuentra en duda.

Un nuevo ejemplo en este sentido han sido las declaraciones de la CAM respecto de que tomará siete predios forestales en territorios que supuestamente pertenecerían a comunidades mapuches y que abarcarían una superficie de siete mil hectáreas. No es evidente que la organización tenga aún las capacidades para concretar estas acciones. Tampoco puede descartarse que sean declaraciones para desviar la atención de las autoridades o para crear una mística en torno a un movimiento que —como confirmó esta semana un nuevo estudio del CEP— genera escasa adhesión en el pueblo mapuche al que pretende falsamente representar. Pero a la base de estas proclamas existe una provocación hacia el Gobierno, que aprovecha sus indefiniciones. Es una táctica bien conocida por parte de este tipo de grupos violentos frente a autoridades indecisas. La semana pasada ya había habido otra prueba de esto último, con la serie de declaraciones contradictorias que se sucedieron, en menos de un día, frente a expresiones del líder de la CAM, Héctor Llaitul, que, lejos de simplemente expresar ideas, reivindicaba acciones de sabotaje. Finalmente primó la racionalidad y se amplió una querella presentada por la administración anterior, pero la incomodidad que ese camino suscitó en el Gobierno fue evidente. Al mismo tiempo, parece seguir abierta una puerta al diálogo que resulta inaceptable respecto de organizaciones que insisten en la vías de la amenaza y la violencia.

La seguridad de las personas y de sus bienes debe ser la prioridad del Gobierno y en esta materia le corresponde perseverar sin pausa. Es la única manera de detener a estos movimientos y de asegurar soluciones de largo plazo que resguarden los intereses de la ciudadanía. Lejos de un pretendido win/win, con ambigüedades o pasividad frente a la violencia nadie gana, excepto quienes pretenden debilitar el Estado de Derecho.