Ningún reclamo tiene hoy mayor sentido de urgencia que el referido a las condiciones de aguda inseguridad que se han extendido en el país, como consecuencia del incremento de los delitos violentos y la audacia con que actúan las bandas del crimen organizado. Aumentan las víctimas de robos, asaltos y agresiones a plena luz del día. Junto a ello, el vandalismo de diversos grupos antisociales sigue causando estragos. En amplios sectores ha crecido el sentimiento de desprotección, así como la percepción de que, frente a los delitos, la impunidad gana espacios.

Es evidente que la criminalidad se ha potenciado por las falencias del Estado para ordenar los flujos migratorios y controlar rigurosamente los antecedentes de quienes llegan, lo que ha facilitado el ingreso de personas que han arribado a Chile con el propósito de delinquir. Pese a los avances contenidos en la vigente Ley de Migraciones, siguen siendo muy insuficientes las capacidades institucionales para neutralizar este tipo de situaciones.

En un régimen democrático, los ciudadanos renuncian al uso de la fuerza para delegarla en el Estado, que debe hacerse responsable de garantizar la seguridad. En consecuencia, no puede sino causar inquietud, en medio del contexto descrito, la propuesta constitucional que será sometida a plebiscito el 4 de septiembre.

En ella se elimina cualquier referencia al concepto de orden público, tanto en la responsabilidad del jefe de Estado como en la descripción de funciones de los organismos policiales. Se suprime el estado de excepción por alteraciones graves del orden público, facultad que hoy permite desplegar a las Fuerzas Armadas contra el terrorismo en la macrozona sur, y no se ofrece nada a cambio. El intento de probar que el estado de catástrofe reemplaza al estado de excepción no resiste mayor análisis.

Extrañamente, la propuesta de nueva Constitución evita singularizar a las policías con el nombre institucional que han llevado históricamente: Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Ambas instituciones —sin perjuicio de su indispensable e ineludible modernización— son fundamentales dentro del Estado de Derecho, y necesitan el máximo apoyo. La única referencia relevante a Carabineros es la proposición de acusar constitucionalmente a su general director, lo que conlleva el riesgo de politizar el cargo.

El combate contra las diversas formas de criminalidad se relaciona directamente con la seguridad interior del Estado. No puede haber vacilaciones al respecto. Ya hemos visto cuán vital es la protección eficaz de nuestras fronteras.

El Estado democrático no puede retroceder frente a quienes amenazan la vida e integridad de los chilenos. Es indispensable reforzar sus capacidades para proteger a la comunidad y hacer valer la ley en todo el territorio. Por desgracia, la propuesta constitucional va en la dirección contraria, agravando la situación que enfrentamos de un modo inaceptable.

Carlos Figueroa S.
Edmundo Pérez Yoma
Gonzalo Blumel M-I.
Jorge Burgos V.
Exministros del Interior