Si bien la propuesta constitucional de la Convención le dedica artículos específicos a la ruralidad, lamentablemente lo hace desde el desconocimiento de la realidad del campo chileno, equivocando el camino con vías institucionales deficientes que acrecientan las incertidumbres, generan nuevos problemas y dificultan el avance tanto en los asuntos pendientes como en los nuevos desafíos del sector. Así, el texto simplemente no está a la altura de lo que Chile requiere para derrotar la pobreza rural y promover una agricultura sustentable.

En las últimas décadas, el desarrollo de la agricultura chilena le ha cambiado la cara al país y ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de ese 30% de la población que hoy habita las 263 comunas rurales. Esto no es casualidad: se dio por la acción decidida del Estado, que fijó las reglas del juego, y sobre todo por el enorme esfuerzo de los agricultores para sacar adelante una industria y una forma de vida que hoy mira orgullosa sus logros.

Así, en base a sus ventajas climáticas, sus suelos, su contraestación y principalmente en base a la calidad de su gente, Chile invirtió sus esfuerzos en la producción silvoagropecuaria para el mundo: fruta, viñedos, bosques, ganadería, productos lácteos y otros. También volvió a sembrar cereales y a plantar hortalizas para abastecer el mercado local. Hoy la agricultura de Chile exporta más de US$ 18.500 millones a cientos de países y genera más de un millón de empleos.

El Chile agrícola cambió: el 85% de los estudiantes de las universidades regionales son la primera generación de su familia en la universidad. El hijo de un regador hoy es un profesional que habla idiomas y no tiene nada que envidiarle a un estudiante de las ciudades.

Sin embargo, los avances no soslayan los problemas pendientes y los nuevos desafíos. La pobreza multidimensional, que en los sectores rurales es tres veces mayor que en los centros urbanos, constituye el foco prioritario de cualquier análisis de las políticas agrarias. A esto se suma el desafío medioambiental, las problemáticas migratorias, y la tecnificación de procesos, entre otros.

El texto constitucional propuesto mandata al Estado a promover el desarrollo integral de la ruralidad, pero a la vez consagra una serie de disposiciones que atentan directamente contra ese objetivo. En primer lugar, se extinguen los derechos de aprovechamiento de aguas sin pago alguno a sus titulares y se crea la nueva figura de autorizaciones de uso del agua que deberán ser justificadas ante la nueva Agencia Nacional del Agua. Esto daña severamente la certeza que requiere cualquier emprendimiento o inversión agrícola.

En segundo lugar, el trato privilegiado a los pueblos originarios por sobre el grueso de la población campesina chilena simplemente no tiene explicación. La restitución de tierras a los mismos pueblos indígenas, al consagrarse como mecanismo preferente de reparación y acompañada por una expropiación a “precio justo”, abre un nuevo foco de incertidumbre para los agricultores y habitantes rurales.

Finalmente, el reconocimiento de la naturaleza y los animales como sujetos de derecho tiene implicancias jurídicas sumamente complejas para una industria y una forma de vida que se desenvuelve en permanente relación con la naturaleza.

La agricultura chilena combate cada día las incertidumbres propias de la naturaleza y de los mercados. Pese a ello ha logrado mostrar resiliencia, exportando nuestros productos al mundo y generando crecimiento para las familias de campo. Hoy, ese Chile agrícola enfrenta una serie de nuevas incertidumbres, esta vez institucionales, originadas en el desconocimiento y el sesgo urbano de una Convención ajena a sus problemas.

La propuesta, en suma, desconoce la riqueza de nuestra ruralidad, lo complejo de sus logros, dificultando el camino para derrotar la pobreza rural y para avanzar hacia una agricultura sustentable y moderna para el bien de Chile y su gente.

Antonio Walker
Exministro de Agricultura
Juan de Dios Valdivieso
Idea País