Los números que encabezan esta columna corresponden a la última encuesta de la empresa Cadem y coloca a los encuestados ante cuatro opciones frente al plebiscito del 4 de septiembre. En mi opinión, esta pregunta da cuenta del proceso político en curso, en el que se han diversificado más las opciones del Apruebo y del Rechazo. El 10% corresponde a aquellas personas que dicen apruebo y punto. El 36% es la respuesta de personas que dicen primero aprobar y después mejorar. El 31% son las personas dispuestas primero a rechazar y después a reformar la actual Constitución o bien emprender el camino de una nueva Constitución. Finalmente, el 21% son las personas partidarias del Rechazo y punto. Si uno compara estos números con el plebiscito de entrada, donde el 78% votó por una nueva Constitución y el 22% rechazó esa posibilidad, llegamos a la conclusión de que se mantiene el rechazo absoluto en un mismo porcentaje: 22% de rechazo en el plebiscito de entrada y 21% de rechazo a la actual propuesta constitucional. Por otra parte, el 78% que aprobó una nueva Constitución hoy se encuentra dividido en tres partes: los que aprueban a secas; los que aprueban primero y después mejoran y los que rechazan primero para después reformar. Si uno suma los dos apruebos, da un 46%, y si uno suma los dos rechazos, da 52%, considerando, para completar el 100%, que hay un 2% de encuestados que no tienen respuesta a la pregunta mencionada.

En este cuadro, para la opción Apruebo, la posibilidad de cerrar y dar vuelta la brecha actual es convencer a parte del 31% que votó por una nueva Constitución y que hoy día está por el rechazo para reformar, mediante garantías de reformar aquellos aspectos que los han llevado al actual rechazo. En mi opinión, eso es lo que correspondería al actual Gobierno y a las fuerzas políticas que lo respaldan: enunciar estas reformas antes del plebiscito, de tal manera que estas personas tengan la garantía de que aquellos aspectos que los han llevado a rechazar son posibles de mejorar y/o cambiar.

En esta línea política, por ahora, el Partido por la Democracia y, en términos generales, el Partido Liberal han propuesto los siguientes mejoramientos:

1. Tener una Constitución sin cerrojos y que, conforme a nuestras mejores tradiciones democráticas y los requerimientos del futuro, permita reformas a ella en base a sólidas mayorías.

2. Sobre el sistema político, planteamos cuatro ajustes:

a) Eliminar la posibilidad de reelección inmediata del presidente o presidenta de la República.

b) Eliminar la iniciativa parlamentaria en materias que tienen costo presupuestario, porque se prestará para acorralar a los gobiernos con propuestas populistas. Lo mismo es cierto para la autorización mediante ley de endeudamiento en el caso de municipios y regiones.

c) Restablecer la denominación del Senado y, considerando que se optó por el régimen presidencial, analizar reformas a sus atribuciones bajo dos propósitos: garantizar un sano y efectivo equilibrio de poderes y evitar las deficiencias de “cámaras espejo”.

d) Definir los criterios de un sistema electoral que asegure gobernabilidad. Propiciaremos una nueva y mejor legislación electoral. La fragmentación política y la proliferación de partidos o movimientos que reivindican solo sus propias causas volverán muy difícil concordar un proyecto común de cohesión y justicia social. Debe haber un piso de porcentaje mínimo para que los partidos puedan elegir parlamentarios en el Congreso, que proponemos sea del 5%.

3. Resolver errores y deficiencias sobre el diseño de la administración de justicia:

a) Reponer el concepto de Poder Judicial,

b) La composición del Consejo de Justicia debe contar con una clara mayoría de jueces.

4. En materia de seguridad, abordar dos cambios que preocupan a la ciudadanía:

a) Reponer el estado de excepción constitucional de emergencia;

b) Sin perjuicio de que la nueva Constitución trata —aunque sea genéricamente— la existencia de “las policías”, se debe realizar una mención explícita a Carabineros y la Policía de Investigaciones.

5. Ampliar expresamente el derecho de propiedad intelectual a la propiedad industrial.

6. Reconocer en materia de relaciones internacionales que el ejercicio de la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los países debe tener como limitación el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes.

7. Respecto del consentimiento indígena establecido en el art. 191, a objeto de evitar interpretaciones equívocas o de mala fe, se debería volver a la propuesta realizada por la comisión de Armonización, precisando con ello que su sentido y alcance se remiten a las reglas del Convenio 169 de la OIT.

Para que gane el Apruebo es imprescindible tomar una decisión de proponer estos cambios antes del 4 de septiembre. Es de espera que el Presidente, el Gobierno, Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático concuerden en este camino.