La gran incertidumbre que vive la economía chilena tiene un alto precio para el país. Desde un punto de vista macroeconómico, afecta las decisiones de inversión de empresas nacionales y extranjeras interesadas en apostar por Chile, disminuyendo las posibilidades futuras de crecer. Sin embargo, la incertidumbre también afecta directa e instantáneamente a familias y personas. Por una parte, la desconfianza respecto de la dirección de la economía golpea las decisiones de consumo en todo ámbito, reduciendo el bienestar; por otra, disminuye las expectativas de contar con mejores empleos en el futuro, agregando presión a las restricciones presupuestarias de los hogares en el presente.

Desde esta perspectiva, las cifras más recientes del Índice de Incertidumbre Económica (Iec) de Clapes-UC generan alerta. Durante julio, el indicador alcanzó el valor más alto desde que se reporta (2007). Entre los factores que lo explican se incluyen la histórica alza del dólar y los altos niveles de inflación, mencionados —conforme la metodología del estudio— en el conteo de artículos de prensa que contienen términos tales como “incierto” o “incertidumbre”. Adicionalmente, en julio, el aumento en el Iec fue influido por referencias a otras dos palabras clave. En primer lugar, “gobierno”, la más mencionada en los artículos que documentan el incremento de la incertidumbre. La segunda palabra es “reforma”. Esta aparece por primera vez entre los 10 términos más mencionados en textos asociados con incerteza. Así, es posible inferir que algunos elementos políticos están contribuyendo al deterioro de las condiciones que fomentan la inversión y sostienen el consumo. De hecho, la evidencia muestra una correlación negativa entre este índice y el comportamiento de la inversión y la actividad.

Por cierto, más allá del aumento puntual en un determinado indicador o de la mala evaluación ciudadana frente a la propuesta de nueva Constitución, no existen dudas de que la situación económica del país es extremadamente compleja y que las acciones del Gobierno han resultado insuficientes para calmar las preocupaciones de los agentes, cuando no contraproducentes.

Así, por ejemplo, frente a la espiral inflacionaria se ha respondido con nuevas y masivas transferencias monetarias incondicionales. Mientras, el país sigue desperdiciando las oportunidades del comercio internacional por la negativa de esta administración para avanzar en tratados de libre comercio.

Una reforma tributaria que no solo busca implementar impuestos cuya ineficacia ha sido demostrada por la evidencia comparada (tributo al patrimonio), sino que golpea a una parte de la clase media (eliminación de beneficios del DFL 2), es otra fuente de incertidumbre. Anticipable resulta además que las recientes declaraciones en torno al fin de las isapres, realizadas por el director de Fonasa, o los anuncios desde la Subsecretaría de Previsión Social en cuanto a que los recursos eventualmente recolectados por un aumento en la tasa de contribución no serían heredables ni de propiedad de las personas, se levanten como nuevos factores de incerteza.

Frente a ello, genera perplejidad observar a autoridades volcadas a la campaña plebiscitaria, incluso anteponiendo esta a las prioridades que supone la tarea de gobernar. En este contexto, se apoya con liviana prontitud un nuevo feriado y las decisiones se justifican por parte de ministros y altos funcionarios usando argumentaciones curiosas. Precisamente, la minimización de los costos del referido nuevo feriado —llegando a sugerir incluso que tendría impactos positivos en el largo plazo— o la idea de que un impuesto al trabajo del 6% (cotización adicional) sería la forma de resolver las brechas de género previsionales —debería antes probarse que no afectará diferenciadamente a hombres y mujeres en un mercado laboral que ya funciona con distorsiones que perjudican a las segundas— son planteamientos cuestionables que afectan la credibilidad de la autoridad y con ello incorporan otra fuente de incertidumbre.