El Estado tiene un conjunto amplio de roles que cumplir en nuestra sociedad, entre los que se incluyen el resguardo de la seguridad, el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a proteger a la población más vulnerable y la generación de condiciones de certeza jurídica y regulación para el desarrollo de la iniciativa privada. Para realizar estas actividades, los gobiernos cuentan con recursos escasos, provenientes de los impuestos que pagamos todos los chilenos.

En Chile el Estado cumple un rol subsidiario, lo cual significa que este interviene en los mercados solo cuando existen fallas, cuando esta intervención es costoeficiente y mejora el bienestar de la sociedad. Lo anterior es en contraposición a un Estado empresario, en el cual el gobierno participa de la producción de bienes y servicios, independientemente de si estos pueden ser producidos por el sector privado o ser importados desde países más eficientes a un menor costo.

En el caso del gas licuado, el Gobierno está dando un paso que sienta un precedente complejo. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la estatal Enap inició un plan piloto que partirá con la distribución de 6 mil cilindros de gas licuado a un precio significativamente menor al de mercado y este rol irá creciendo, incluso con la creación de una marca propia. Si bien por el momento la escala de esta iniciativa es reducida, genera diversas interrogantes. Cabe preguntarse, por ejemplo, si esta acción estatal es necesaria, si con ella se está haciendo el mejor uso posible de los recursos públicos y si hay un problema de abastecimiento que haga necesaria esta intervención. La respuesta a todas estas preguntas es negativa.

A su vez, la señal no es buena para el sector privado, en primer lugar porque el Estado no compite en igualdad de condiciones con las empresas del sector y, en segundo lugar, porque el gobierno no tiene la capacidad, los conocimientos, ni los recursos necesarios para reemplazar la provisión de bienes y servicios que hoy producen los privados. En ese contexto, uno de los riesgos de este tipo de señales es que se agrave el problema de falta de inversión y salida de capitales que enfrenta nuestro país y termine generando un problema de escasez de suministro que perjudique precisamente a quienes se quiso beneficiar. Esta experiencia la hemos visto en países vecinos, con resultados lamentables.

La competencia es positiva porque permite a los consumidores acceder a mejores condiciones de precios y calidad de servicios, pero esta debe producirse entre compañías que operan en igualdad de condiciones, lo cual no es el caso cuando el competidor es el Estado. Las empresas privadas compiten en Chile en el marco que les entrega la regulación y las leyes: invierten, generan millones de empleos, pagan impuestos y aportan al bienestar de la población. En el caso del gas licuado, miles de microempresas participan en la distribución y millones de hogares reciben un producto y un servicio seguro, que les permite satisfacer necesidades esenciales como alimentación y calefacción. Por algo el modelo chileno de distribución de gas ha sido imitado por otros países de la región, para ordenar el funcionamiento de sus mercados y mejorar la calidad del servicio.

El problema de la subida del precio del gas es real y es necesario proteger a los hogares más vulnerables frente a estas alzas que responden principalmente a los mayores precios internacionales. En este sentido, las transferencias directas que ha estado entregando el Gobierno, junto con los descuentos que hacen las empresas para la población más vulnerable y, eventualmente, la creación de un mecanismo de estabilización de precios, como los usados para la gasolina o la parafina, son medidas más adecuadas y deseables para enfrentar el problema.

Los recursos públicos son escasos, por lo que los contribuyentes esperamos el mejor uso posible de ellos. A su vez, en un escenario en que la economía se encamina a una recesión y en que la incertidumbre político-económica está en máximos históricos, la señal para el sector privado es negativa y, lo que es peor, los potenciales efectos de largo plazo sobre los hogares podrían ser contrarios a los deseados. Este tipo de intervenciones suelen ser pan para hoy y hambre para mañana.

Hermann González
Economista, coordinador macroeconómico de ClapesUC