Estamos viviendo tiempos en que la política es extremadamente fluida y en lapsos cortos se pueden producir cambios relevantes en las preferencias electorales de los ciudadanos. Con todo, a ocho semanas del plebiscito que decidirá la suerte de la propuesta constitucional, se observa una ventaja importante de la opción Rechazo. Las interpretaciones para este escenario son múltiples, pero el aspecto más relevante es que tiene una alta posibilidad de concretarse, en circunstancias que hasta hace no demasiado aparecía como un evento improbable. Por ello, el sistema político debe prepararse apropiadamente para enfrentarlo. En la actualidad parece no estarlo. Las recriminaciones mutuas de quienes están por una u otra opción así lo revelan.

Sin embargo, ellas no ayudan a repensar sobre una salida política madura para ese momento. Por cierto, avanzar en esta dirección podría darle aún menos opciones al Apruebo, que muchos sectores legítimamente defienden, lo que hace entendible su reticencia. Aun así, el sentido de responsabilidad impone a todos abordar el tema. Esta es quizás una oportunidad para los partidos políticos. Ellos son indispensables para el buen funcionamiento de la democracia y su debilidad ha sido uno de los factores que han alimentado la crisis de los últimos años. La falta de confianza ciudadana los hizo renunciar a algunas de sus tareas centrales, pero el camino alternativo, de descansar en organizaciones sociales o independientes, ha mostrado —y la Convención Constitucional fue el mayor ejemplo— severas limitaciones y graves deficiencias. La falta de deliberación de asuntos que tienen impactos duraderos ha sido justamente una de ellas. Un escenario de triunfo del Rechazo requerirá de mucha mediación y construcción de confianzas. Es difícil pensar en instituciones más apropiadas que los partidos para este propósito. Son ellos, además, los que finalmente ofrecieron un camino de salida hace casi tres años con el acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Por supuesto, no todos compartieron ese camino y es un factor a considerar hoy.

En el contexto actual existe un acuerdo transversal respecto de la necesidad de un cambio en la Constitución, aunque hay diferencias sobre su alcance. Aun así, se cuestiona desde sectores del Apruebo la real voluntad de los partidos de oposición para avanzar en modificaciones sustantivas, acusando una historia de resistencia a ellas. Más allá de que tal argumento omite la concurrencia de la centroderecha en las cientos de reformas que se han introducido a la actual Carta, hay tres elementos que hacen distintas las actuales circunstancias. Desde luego, ya el referido acuerdo de 2019 implicaba una alta probabilidad de inicio de dichos cambios, la que se ratificó con el plebiscito de octubre de 2020; en esta dimensión no parece haber vuelta atrás. En segundo lugar, se ha ido instalando la idea de que la Constitución debe ser un marco que permita el despliegue sin restricciones de distintas visiones políticas. Algo que, enfatizan sus críticos, la Constitución vigente limita, pero que también se observa en la propuesta de la Convención, y que quizás ayude a explicar, en parte, el rechazo que genera. De aquí se concluye la posibilidad de un pacto que produzca un buen balance. Por último, es innegable que los sectores de oposición han tenido una evolución política en el último tiempo que no los tiene particularmente apegados al texto constitucional vigente.

Una consideración adicional proviene del hecho de que un escenario de reforma después del 4 de septiembre parece más plausible si se impone el Rechazo. En efecto, ya se encuentra en desarrollo un fuerte movimiento en esa dirección, con reformas como la reducción de quorum que avanza en el Congreso y que ha recibido un apoyo transversal. Al contrario, la fórmula “aprobar para reformar” tiene un espacio mucho más estrecho para concretarse, entre otras razones, porque la aprobación de un nuevo texto no invita a la renovación del mismo, sino al contrario. De hecho, tal vez sea la razón principal de por qué el Rechazo ha tomado fuerza. La responsabilidad de la política de hacerse cargo de ello es, entonces, ineludible.