Señor Director:

Por acuerdo de comités parlamentarios, y con urgencia calificada de suma por el gobierno del Presidente Boric, hoy se discutirá en la Sala del Senado el proyecto de ley que “exige Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental”.

El mencionado proyecto de ley, que adolece de una pésima técnica legislativa, contiene disposiciones abiertamente inconstitucionales que afectan la seguridad jurídica y situaciones jurídicas consolidadas, que podrían generar la responsabilidad del Estado legislador.

Pero lo peor es que generará un tremendo daño en la inversión, en la actividad económica y en el empleo, pues dispone de un tiempo totalmente insuficiente (12 meses) para obtener la resolución de calificación ambiental. Lo anterior resulta absolutamente ilusorio si consideramos que el tiempo promedio de tramitación (excluyendo la preparación de los documentos) de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) durante el año 2020 fue de 265 días corridos, y de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) durante el año 2020 fue de 705 días corridos. Es decir, es totalmente imposible cumplir con la obligación que se impone dentro del plazo señalado, lo que implicará necesariamente el cierre de múltiples actividades e industrias que no cuentan con RCA.

Así, por ejemplo, implicará necesariamente el incumplimiento del compromiso adquirido por el Gobierno con los trabajadores de Codelco por el cierre de la Fundición Ventanas, la que deberá cerrar sus faenas 12 meses después de la publicación de la ley.

Esperemos que el Senado de la República se juegue el prestigio que le precede, el que se ha ganado sobre la base de su seriedad para generar regulaciones que lleven a Chile a un desarrollo sostenible, sin olvidar que la sostenibilidad se predica del desarrollo, por lo que sin este no existe.

Felipe Riesco
Abogado