Pocos hubiesen presagiado en 2018 que Santiago viviría una crisis de violencia que dañaría su base comunal a como la vemos hoy en día. Sin embargo, el precio de la destrucción del espacio público y de un gran número de locales comerciales ahora tiene impactos cuantificables que han encendido las alarmas. Por supuesto, esto tiene consecuencias que difícilmente serán revertidas y que, lamentablemente, se traducirán en mayor desigualdad territorial para toda la ciudad.

Cerca de 700 locales han cerrado en Santiago. Ahí donde antes había locales establecidos ahora reina el comercio ambulante, y el abandono urbano se grafica en un sinfín de letreros de “Se Arrienda”. A la fuga del comercio se suman el éxodo de oficinas icónicas, como Santander y Transbank, la venta de hoteles que ya no quieren seguir operando en la comuna e, incluso, el cierre parcial de plazas y parques producto de las alzas de diversas incivilidades.

Si bien algunos atribuyen estas fugas al teletrabajo, resulta contraintuitivo aseverarlo si consideramos que diversas casas matrices se mudan a zonas más caras y con menor conectividad. Junto con ello, las oficinas vacantes tampoco han podido ser reconvertidas a usos habitacionales debido a que la demanda por el sector ha decaído con fuerza desde el estallido social. En consecuencia, el principal agente motivador del cambio urbano ha sido la violencia y no los cambios inducidos por la pandemia en la forma de trabajar y habitar nuestras ciudades.

Este fenómeno no es menor y se traduce en una serie de consecuencias negativas. Por un lado, el abandono conlleva la huida de capitales, empleos e ingresos por patentes, lo que solo puede conducir al empobrecimiento de la zona. Por otro lado, también implica el desplazamiento del centro urbano hacia el oriente, el que además de concentrar mayores ingresos municipales, ahora también concentrará una mayor densidad comercial. Lamentablemente, esta relocalización del comercio golpea en mayor medida a las familias de escasos recursos que trabajan en esas empresas y que son usuarias del sistema de transporte público, ya que deberán dedicar mayor tiempo para su traslado, con todo el costo económico y familiar que esto conlleva.

Es difícil pensar que este problema sea algo de corto plazo si es que las autoridades locales —y nacionales— no toman medidas para frenar la violencia estructural que azota a la comuna semana tras semana. Según datos de Engel&Völkers, alrededor de un 70% de los locatarios quieren irse de la comuna por la situación actual; sin embargo, no pueden hacerlo porque no hay agentes nuevos que quieran comprar en el centro. Esta disparidad entre oferta y demanda se traduce en una carga para los dueños de locales, quienes tienen un activo que no puede operar en plenitud y que es poco líquido en el mercado. En consecuencia, están presos en su propio inmueble.

Esta historia no es nueva y su final tiende a decantar en los conocidos downtowns, lugares en abandono que son evitados por su relación con la violencia. Revertir la inercia de estos espacios es complejo, ya que se genera una espiral donde el fenómeno se exacerba en el tiempo producto de la falta de políticas de seguridad, del incremento del comercio informal y de la ausencia de inversionistas que apuesten por la zona.

Así como en Santiago, otras ciudades como Valparaíso, Viña del Mar y Antofagasta también están sumidas en un alto grado de abandono por parte de sus autoridades. Si queremos recuperar nuestros centros urbanos y enfocarnos en las demás urgencias sociales, entonces se deben tomar decisiones firmes y abandonar la retórica que romantiza la destrucción. La violencia tiene un precio, y lo paga toda la ciudadanía.

Ignacio Aravena
Investigador asociado Fundación Piensa, master of Urban Planning (NYU) e ingeniero en construcción