Señor Director:

En temas ambientales el Gobierno tiene dos caras. Mientras decide apoyar el cierre de Ventanas y declarar que se terminarán las zonas de sacrificio, la ampliación de la autopista F 20 —en la misma comuna de Puchuncaví con su variante Maitencillo— está afectando mortalmente los humedales urbanos de Quirilluca y Maitenes. El Gobierno, a través del MOP, muestra su otra cara. Como mandante de esta obra hace vista gorda de los impactos ambientales producidos por el concesionario, quien debería haber ingresado el proyecto “Relicitación Camino Nogales-Puchuncaví” al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA.

La grave afectación de los humedales urbanos y la obligatoriedad de ingresar al SEA han sido expuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, en su Resolución Exenta Nº 837 del 2 de junio del 2022. En este documento se describe claramente cómo la obra que desarrolla la concesionaria Canopsa está produciendo daños gravísimos e incumplimientos de la normativa ambiental.

Es la SMA, en el punto Nº 55 de la Resolución Nº 837, quien asevera que Canopsa ha vulnerado el ingreso al sistema de evaluación ambiental, lo que conocemos como elusión, toda vez que conocía de la existencia de estos dos humedales urbanos antes de iniciar las obras y no entregó esta información en la consulta de pertinencia que realizó el 2017.

La comunidad ha dado a conocer a las autoridades el grave impacto de esta construcción en la variante Maitencillo y la destrucción de los humedales urbanos.

Ha llegado la hora de que la SMA o el SEA actúen y que el Presidente intervenga para que el Gobierno tenga una sola cara y evite este gran daño, sobre todo si es el propio Estado a través del MOP quien lo comete.

Flavio Angelini M.