Señor Director:

La acertada columna de Ana María Stuven, publicada en su diario el sábado, sobre el drama de las mujeres privadas de libertad, pone en relieve que ellas son uno de los estamentos más postergados de la sociedad. La mayoría de ellas —que provienen de una situación de extrema vulnerabilidad— han caído a la cárcel por microtráfico de droga, frecuentemente motivado para alimentar a sus hijos.

Nos parece relevante destacar que el actual gobierno quiera darle urgencia al proyecto de la llamada Ley Sayén. Como Fundación hemos participado en mesas de trabajo y en diversos conversatorios porque estamos convencidos de que las penas alternativas a la prisión para las mujeres, con foco especial en aquellas que tienen hijos/as menores o están embarazadas, son esenciales y permiten lo mejor para los menores. Por lo demás, estas son las recomendaciones internacionales (reglas de Bangkok) que establecen que las penas de las mujeres madres deben supeditarse al interés superior del niño/a.

Creemos que este largo camino de la inserción social es una tarea y responsabilidad compartida por todos: el Estado, la sociedad civil, parlamentarios y el sector privado.

María de los Ángeles Herrera
Directora ejecutiva Fundación Mujer levántate