A fines del siglo XIX y principios del XX, Argentina se encontraba entre las economías más desarrolladas del mundo, con un ingreso per cápita que superaba al de naciones como Italia, Japón y Francia. En 1895, incluso, alcanzó la renta per cápita más alta del planeta, según algunas estimaciones. Más aún, el crecimiento del PIB de Argentina del 6% anual durante los 43 años que precedieron a la Primera Guerra Mundial fue el más rápido registrado en la historia. Como resultado de esta expansión económica, entre 1870 y 1914 el comercio exterior se multiplicó por 12, la red ferroviaria se multiplicó por 40, la superficie dedicada a la agricultura se multiplicó por 55 y la población se multiplicó por 4, principalmente por la inmigración procedente de Europa.

El impresionante desempeño económico de Argentina no se basó únicamente en la exportación de materias primas. Entre 1900 y 1914, la producción industrial se triplicó, alcanzando un nivel de crecimiento similar al de Alemania y Japón. Adicionalmente, en el período 1895-1914 se duplicó el número de empresas industriales, se triplicó el empleo en el sector y se quintuplicó su nivel de capitalización. Todo esto estuvo acompañado de un grado de progreso social sin precedentes en el país: en 1869 entre el 12% y el 15% de la población económicamente activa pertenecía a la clase media, cifra que llegaba al 40% en 1914. En el mismo período, el nivel de analfabetismo se redujo a menos de la mitad.

Como es lógico, todo este progreso económico y social requirió de un marco institucional que lo favoreciera. Fue Juan Bautista Alberdi (1810-1884) el padre intelectual de la Constitución de 1853, quien a través de ella sentaría las bases para la prosperidad de Argentina. Liberal clásico y admirador de los padres fundadores de los Estados Unidos, Alberdi concibió la Constitución de modo que el gobierno estuviera fuertemente restringido en su capacidad de interferir con la libertad económica y las libertades individuales. “La Constitución Federal argentina contiene un completo sistema de política económica, en la medida en que garantiza, mediante estrictas disposiciones, la libre acción del trabajo, del capital y la tierra, como principales agentes de la producción”, explicó Alberdi.

A pesar del éxito alcanzado bajo el sistema de Alberdi, el liberalismo económico fue abandonado durante la Gran Depresión. En la década de 1930, el keynesianismo se convirtió en la filosofía económica hegemónica y en la década de 1940, con la elección del general Juan Domingo Perón, el peronismo, una versión local del fascismo, pasó a dominar la vida económica y social.

Bajo Perón se reformó la Constitución y se desató el Estado interventor. Entre otras medidas, se nacionalizaron múltiples empresas y se crearon muchas otras estatales, se restringió el libre comercio y se aumentó el gasto público para satisfacer “derechos sociales”. Esto provocó un aumento explosivo de la inflación, que se intentó combatir introduciendo, por primera vez, controles de precios.

A diferencia de otros países con ciclos de mayor y menor intervención estatal, el peronismo se arraigó a tal punto en las instituciones y la cultura política de Argentina que el país nunca logró restaurar sosteniblemente niveles razonables de libertad económica. En 1975, cerca del momento de la muerte de Perón durante su tercer mandato como presidente (1973-1974), Argentina ocupaba el puesto 102 entre 106 países en el Índice de Libertad Económica publicado por el Instituto Fraser de Canadá. En 2021 ocupó el puesto 153 entre 163 países.

Como resultado de la metástasis estatal, Argentina, alguna vez uno de los países más ricos del mundo, se ha convertido en una sociedad corrupta, empobrecida y extractivista, con una inflación crónica de más del 50% anual, una tasa de pobreza de aproximadamente 40%, un Estado quebrado y un éxodo masivo de jóvenes profesionales que emigran en busca de mejores oportunidades.

¿Qué lecciones podría aprender Chile de la tragedia de nuestros vecinos? La más obvia es que es un sinsentido sugerir, como se viene haciendo en el debate público, que anclar un sistema económico liberal en una Constitución es igual de condenable que anclar uno socialista o estatista. Mientras el primero limita la rapacidad populista de los políticos garantizando prosperidad para las grandes mayorías y libertad de elegir para los individuos, el segundo le da rienda suelta a la demagogia cleptocráctica de quienes engrosan el poder del Estado que controlan.

Además de producir miseria, un sistema socialista o estatista destruye la libertad económica que es parte sustancial de la dignidad humana e, incluso, en el peor de los casos, puede producir una dictadura, como ilustra el ejemplo venezolano.

Pero tal vez la lección más relevante tiene que ver con el rol de las ideologías en definir el curso de la evolución política, económica y social. Argentina abrazó el estatismo sindicalista y antiliberal del peronismo y se hundió por casi un siglo. Chile parece estar eligiendo el mismo camino de miseria y, sin duda, lo confirmará si se deshace de la Constitución de Ricardo Lagos para implantar la Constitución del Partido Comunista y de los indigenistas afines a la izquierda chavista. Si gana el Rechazo, por el contrario, al menos evitaremos lo peor y quedará un espacio, aunque sea pequeño, para restaurar las ideas y políticas económicas liberales que hicieron del Chile de fines del siglo XX y principios del siglo XXI el símil latinoamericano de la gran Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.