Desde La Moneda, la ministra del Interior, Izkia Siches, defendió la decisión que tomó el Gobierno de mantener un estado de excepción “acotado”, como le llaman a la herramienta impulsada en la macrozona sur, pese a los emplazamientos que ha recibido desde la oposición y también de sectores del oficialismo para que amplíe las facultades de las Fuerzas Armadas luego de que en Lumaco recibiera un disparo en la cabeza el trabajador forestal Segundo Catril, quien falleció el martes.

“Esto no va a resolver el problema de fondo”, dijo la ministra, indicando que “el estado de excepción constitucional es un instrumento que está en la Constitución y nosotros lo hemos desplegado de la manera que nos parece más táctica y estratégica, porque vuelvo a lo que señalé: esto no va a resolver el problema de fondo”.

En ese sentido, afirmó que “el problema de fondo de las bandas organizadas, del crimen organizado, no se ataca llevando o exponiendo a nuestros carabineros y a nuestras FF.AA., sino más bien desarticulando las bandas y eso se hace por medio de inteligencia, de las investigaciones y pericias y también trabajando con las comunidades, que es lo que estamos haciendo”.

Pese a los dichos de la jefa de gabinete, en las huestes oficialistas existe preocupación por la situación en el sur del país, principalmente porque un descontrol en el orden público podría mermar, según dicen, la posibilidad de llevar adelante el programa de gobierno. Por lo mismo, desde el denominado “socialismo democrático” han intensificado las peticiones para que La Moneda amplíe este estado de excepción acotado, permitiéndoles a las FF.AA. actuar con todas las facultades que confiere la Constitución.

“Esperamos una posición clara y firme del Gobierno y que, de una vez por todas, se decrete un estado de excepción constitucional como corresponde, que no tenga ningún tipo de límites, sino los que establece la propia Constitución para defender la democracia, el orden público y las familias del terrorismo”, indicó el diputado Jaime Araya (ind.- PPD), mientras que desde el PS, el senador Fidel Espinoza expresó que la seguridad “implica que tengamos mano dura contra la delincuencia, y desde ese punto de vista, no hay que tener temores ni vivir de los traumas del pasado: hay que poner un estado de excepción total en la zona, que les dé garantías a nuestros compatriotas”.

Desde la Democracia Cristiana, su jefe de bancada, Eric Aedo, señaló que el Ejecutivo “tiene que avanzar de manera mucho más decidida en los estados de excepción (...); debe avanzar en la decisión política de dar todo su respaldo a las FF.AA. y fuerzas de orden y seguridad. Mientras la ambigüedad continúe, mientras se escuche más a Teillier (PC) que a las víctimas, esta situación no terminará”.

En el Frente Amplio, en tanto, la diputada RD Ericka Ñanco expresó: “Hay individuos (a los) que les conviene tener un clima de inestabilidad e inseguridad desde el Biobío al sur, lo cual se demuestra con hechos inaceptables, como asesinatos a trabajadores forestales y a gente común y corriente, que son ciudadanos de a pie. A esos individuos les manifestamos nuestro total rechazo”.

En Chile Vamos, los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Andrés Longton (RN) cuestionaron que el Presidente Boric “sigue con los ojos vendados”, indicando que como mandatario “tiene el deber de ocupar todas las herramientas para dar a los chilenos en un determinado lugar Estado de Derecho y orden público”.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llegó ayer a La Araucanía indicando que el Gobierno “se comprometió a dar seguridad en rutas y esa es instrucción que se ha dado a las FF.AA. Si esa cuestión tiene que modificarse a partir de la evaluación, por supuesto que se va a modificar”.

Asimismo, dijo “el Gobierno hará uso de todas las herramientas disponibles para garantizar la seguridad de las personas y evidentemente el estado de excepción es una herramienta que se irá evaluando”.