Señor Director:

La llamada Comisión Marcel entregó su excelente diagnóstico del sistema de pensiones chileno hace más de quince años, pero lamentablemente el mundo político hizo caso omiso de sus recomendaciones en materia de tasa de cotización y edad de jubilación. Esa comisión no sugirió ningún componente de reparto, y sí un pilar solidario no contributivo, que se implementó en forma bastante exitosa. Si se hubieran seguido sus recomendaciones respecto del componente contributivo, el problema en lo grueso estaría resuelto.

Es cierto que no sirve de nada “llorar sobre la leche derramada”, pero también lo es que entre fines de 2019 y mediados de este año, el Pilar Solidario ha sido muy fuertemente reforzado; en términos del PIB sus recursos se han duplicado, y por alguna extraña razón el discurso político apunta a que aún seguimos sin hacer nada.

Si luego del estallido se hubiera hecho el anuncio de que las pensiones para las mujeres aumentarían un 80% y las de los hombres cerca de un 50%, ambas en términos reales, seguramente habría sido considerado un cambio muy significativo. Sin embargo, nos encontramos ahora con una fuerte presión del Gobierno por presentar lo antes posible un cambio estructural y profundo al sistema porque “los jubilados no pueden seguir esperando”. Efectivamente, todos quisiéramos mejores pensiones aún, pero luego del enorme esfuerzo que hemos hecho como país en esta materia, parece haber también otras prioridades. La implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) nos da el tiempo suficiente para diseñar una buena reforma.

¿No será entonces que el apuro tiene motivaciones ideológicas en contra de un sistema de capitalización con libertad de elección y administración privada de los fondos, que es crecientemente valorado por la población? Luego de esta mejoría que registrarán las pensiones, agregar un componente de reparto no parece cumplir ningún criterio de justicia intergeneracional.

M. Cecilia Cifuentes
Directora Centro de Estudios Financieros
ESE Business School