Esta semana se multiplicaron en el Gobierno las decisiones y declaraciones desafortunadas, cuando no derechamente equivocadas; las contradicciones entre las mismas autoridades con solo horas de diferencia y, en general, la confirmación de un manejo vacilante en torno al tema de la seguridad. Parecen atrapados por sus posturas extremas e ideologizadas cuando eran oposición y por la presión de grupos de interés en las redes sociales. A diferencia de otras oportunidades, esta vez fue el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, uno de los protagonistas de los desaciertos. Su reacción para justificar el por qué no presentaban una querella por las declaraciones del líder de la CAM, Héctor Llaitul, que pocos días antes había llamado a “preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada”, es una buena muestra de la confusión en la que está sumido el Gobierno, incapaz de afrontar con decisión los problemas de orden público.

Las palabras del Presidente Boric en orden a que “nuestro gobierno persigue delitos, y los va a perseguir con todo el peso de la ley; nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”, dando inequívocamente a entender que lo de Llaitul era una simple expresión de creencias, no se sostiene desde el punto de vista jurídico. Y es que, contrariamente a lo sostenido por el Presidente, unas declaraciones sí pueden ser constitutivas de delito, lo que sucede, por ejemplo, cuando aquellas ponen en peligro la vida o la integridad física de las personas o dan cuenta del propósito de alterar el orden social con la violencia. Es lo que ocurre con los delitos de amenazas o ciertas conductas sancionadas en la Ley de Seguridad del Estado. También estas expresiones del líder de la CAM podrían ser consideradas una forma de participación (en este caso de autoría) en los atentados de esa organización. Y es que en estos casos no son las meras ideas las que se sancionan, sino declaraciones serias y graves que ponen en peligro bienes jurídicos esenciales. De ahí que los dichos del Presidente más parezcan una mala excusa ante la opinión pública para salir del paso y evitar querellarse contra Llaitul, porque hacerlo les resulta incómodo.

Por otra parte, y para mayor confusión, cabe recordar que estas declaraciones de Gabriel Boric entran en contradicción con otras actuaciones suyas y de su coalición de gobierno en el pasado, en que sí se han mostrado partidarios de perseguir meras ideas o declaraciones. Así, el apoyo el 2020 al proyecto de ley que buscaba sancionar el mero “negacionismo” de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, sin exigir siquiera que hubiese peligro concreto sobre la vida o la integridad de las personas, es un buen ejemplo de ello.