Acto primero: la Fiscalía Regional de La Araucanía señala que, a menos que el Gobierno presente una querella, ella no está habilitada para perseguir judicialmente el delito contra la Ley de Seguridad Interior del Estado que podría haber cometido Héctor Llaitul al llamar a “organizar la resistencia armada”.

Acto segundo: el Presidente Boric desecha la idea de presentar una querella por el caso: “Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones, persigue delitos”.

Acto tercero: el Presidente remueve al jefe de la Defensa Nacional del Biobío dos días después de su designación. ¿La causa? Unas declaraciones que había formulado hace un año en defensa de un subordinado, que atropelló a una persona con resultado de muerte. Entonces, señaló que “de ninguna manera él cometió un homicidio”. Cuatro meses después, un tribunal condenó a ese cabo de la Armada por cuasidelito de homicidio (o sea, no lo condenó por homicidio).

Conclusión provisoria: ¿Importan las palabras? A veces sí y a veces no. El Gobierno no persigue declaraciones que significan llamar a la violencia. En el caso de Llaitul, el lenguaje está completamente libre de responsabilidad, en cambio sí las persigue de inmediato en otro tipo de casos. Triste paradoja.

Acto quinto: la Subsecretaría de la Niñez nos señala en sus redes oficiales cómo debemos utilizar “los conceptos correctos” para hablar de las personas de su área de competencia.

En adelante, usted no se refiera a “menores”, sino que debe decir “Niñas, niños, niñes y/o adolescentes”. No se le ocurra decir “nuestros niños”: deberá hablar de “las niñas, los niños, les niñes”. Aquí la Subsecretaría nos entrega una explicación de gran profundidad filosófica. Esto es así “porque son sujetos de derechos y no propiedad de las y los adultos”: impugna, entre otras cosas, el uso de la palabra “nuestros”. Supongo que si seguimos sus enseñanzas, ya no podremos hablar, por ejemplo, de “nuestro Presidente” para referirnos al ciudadano que ocupa ese cargo.

Y para dejarnos completamente claro que en el mundo del FA/PC el lenguaje sí importa (salvo que uno pertenezca a la CAM), ahora nos prohíben usar una expresión que muchas veces emplearon personas como Pedro Aguirre Cerda o Salvador Allende. Nunca más podremos decir que “los niños son el futuro”, porque: “Niñas, niños y adolescentes son el presente y deben visibilizarse ahora”. No sé por qué esta vez invisibilizaron a los “niñes”, que no aparecen mencionados.

Imaginemos, por un momento, la que se habría armado si durante la gestión de Sebastián Piñera algún ministerio hubiera desempeñado labores de policía lingüística.

¿Qué nos muestra este conjunto de ridiculeces? Que, más allá de su inexperiencia, el Gobierno está preso por su pasado debido a la filosofía que lo mueve. Como sus integrantes reivindicaron el octubrismo, ahora no pueden poner orden en las calles ni menos en La Araucanía. Esa probablemente será la tónica de los próximos años: cada vez que intente cumplir con su deber en materias de seguridad será acusado de traidor. Ahora bien, dado que no puede permanecer totalmente inactivo, busca soluciones que no contentan a nadie, como un estado de emergencia restringido a las carreteras.

El pasado los condena también por otra razón: durante muchos años esa izquierda hizo suyo el discurso de las identidades. Si lo propio de la política consiste en buscar lo común y aunar voluntades, el Frente Amplio se dedicó a hacer una política de nicho, a defender un sinnúmero de causas particulares. Ahora bien, como esto solo permite llegar a un electorado muy limitado, Gabriel Boric cambió totalmente su discurso en la segunda vuelta y adoptó el lenguaje y el modo de proceder de la política tradicional, lo que fue muy exitoso desde el punto de vista electoral. Sin embargo, sus adherentes y muchos colaboradores no hicieron este cambio y siguen siendo unos nostálgicos del Boric de la primera vuelta.

Los resultados son a veces divertidos, como cuando hablan de “los y las establecimientos” y “los y las medicamentos”. Pero, aunque el humor sea muy importante y podrá desplegarse ampliamente en los tiempos que vienen si los humoristas tienen sentido profesional, lo cierto es que las repercusiones de esta mala política pueden ser muy graves y afectan a quienes más necesitan protección.

Si la inacción ante Llaitul revela hasta qué punto se puede llegar a abandonar los deberes propios del cargo, el caso de la Subsecretaría de la Niñez muestra de modo dramático las consecuencias del desprecio a la política y su reemplazo por la lógica de las identidades. En el Congreso duermen proyectos de ley realmente importantes, como el de subvención a niveles medios (para niños de entre 2 y 4 años, una edad decisiva). Ellos ayudarían a mejorar la vida de los niños reales, particularmente de los más desprotegidos. También se podría reponer la iniciativa del kínder obligatorio, que fue obstruida en la legislatura pasada. Sin embargo, ciertas autoridades concentran sus esfuerzos en lo único que, según parece, saben hacer, y nos dicen qué palabras debemos emplear y cuáles están excluidas. En vez de preocuparse de los niños, se preocupan del lenguaje sobre los niños.