El Presupuesto de 1973 consagró recursos para las distintas universidades sin hacer, en general, distinciones entre ellas, si se toma como referencia el aporte por estudiante. En ese entonces, la gran mayoría de los fondos que las casas de estudio gestionaban provenían de las arcas fiscales. El sistema universitario estaba constituido por ocho planteles, dos de los cuales eran estatales. Se entendía que el sistema de educación superior era de provisión mixta, que las universidades perseguían aproximadamente los mismos objetivos, más allá de sus obvias diferencias, y que, por consiguiente, no tenía sentido tratarlas de manera muy distinta. En las décadas siguientes, por variadas razones, el sistema se ha alterado en forma significativa. Esas 8 universidades se han convertido, de nuevo por diversos factores, en 27 que, a pesar de los profundos cambios que han ocurrido en el intertanto, mantuvieron durante gran parte de estos casi 50 años un tratamiento que no hacía grandes distingos entre ellas, al igual que en 1973. A este número se suman otras 30 universidades reconocidas.

En los últimos años han comenzado a introducirse diferenciaciones difíciles de explicar en los aportes, en favor de las estatales. Ello tuvo una clara expresión en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. La actual administración, sobre todo en sus lineamientos programáticos, ha insinuado que ese camino se podría profundizar. A su vez, en la redacción del borrador constitucional se habla de gratuidad para todas las universidades estatales y para las privadas que determine la ley, introduciendo un tratamiento diferenciado. La libertad de enseñanza, a su vez, queda insuficientemente expresada y está lejos de recoger una tradición muy valiosa que ha existido en el país.

Los argumentos para introducir diferencias en el tratamiento histórico de las universidades son débiles. Desde luego, no es cierto que los planteles del Estado tengan una particular ventaja para constituir un espacio autónomo de razonamiento abierto sobre los asuntos que congregan a las comunidades universitarias: formación, investigación, transferencia del conocimiento o vinculación con el medio, entre otras dimensiones. Sin duda, este espacio se puede distorsionar, pero el riesgo no es más elevado en un caso que en el otro. Tampoco es verdadero que una forma específica de organización sirva mejor a dicho razonamiento que otra. Al mismo tiempo, las exigencias que se les hacen en nuestro país a las instituciones de educación superior son equivalentes y se encuentran bajo una regulación similar. Por supuesto, las universidades estatales, por su carácter, están sometidas, además, a la Contraloría General de la República, pero ese hecho no debería afectar el principio de igualdad en el trato que, como se ha señalado, tiene antecedentes históricos.

En ese sentido, intentar identificar la dimensión pública de la universidad con su propiedad está lejos de ser razonable. A veces, se esgrime como argumento que las universidades estatales tienen obligaciones autoimpuestas por su papel en la sociedad que otras casas de estudio no tendrían, pero también las privadas tienen un ethos específico que les autoimpone tareas que van más allá de los mandatos legales. Y es imposible establecer un ordenamiento respecto de cuál de estos es más valioso para el país. Todos ellos deben tener, eventualmente, la oportunidad de expresarse. Por eso, el interés de los jóvenes —y el de la población en general— está mejor resguardado manteniendo un tratamiento similar entre universidades. Por cierto, hay mucho espacio para perfeccionar la política de financiamiento de la educación superior, pero esa es una discusión de otra naturaleza. Quizás el aspecto más difícil de justificar en la actualidad no es el tratamiento similar, sino el hecho de que universidades privadas no tradicionales que han sido evaluadas como de excelencia no tengan acceso a fondos basales, como sí lo tienen otros 15 planteles históricos que ostentan una categoría inferior de acreditación.