El gobierno acaba de convocar a la ciudadanía a un ciclo de diálogos sociales para sentar las bases de dos reformas de gran importancia: una al sistema de pensiones y otra al sistema tributario. Se trata de temas en los que hay amplio acuerdo en la necesidad de realizar cambios sustantivos.

En pensiones es necesario hacerse cargo de los efectos del cambio demográfico y el envejecimiento poblacional, además de los problemas de legitimidad de un sistema que hoy depende fuertemente de cuentas individuales manejadas por privados.

Por otra parte, la recaudación fiscal como fracción del producto sigue más o menos en el mismo nivel que hace 30 años, lo que limita la posibilidad de atender con responsabilidad fiscal las demandas ciudadanas. En la medida en que los países alcanzan un mayor desarrollo, sus Estados tienden a crecer. Ya no basta con focalizar el gasto en los ciudadanos en situación de pobreza; los grupos medios naturalmente también piden un mejor acceso a beneficios estatales, como una salud oportuna y educación de calidad.

A pesar de un diagnóstico bastante compartido, ha sido imposible llegar a acuerdos de reforma en el Congreso. El trabajo técnico en comisiones expertas y el envío de proyectos con mayor o menor discusión pre legislativa no han sido suficientes. Se requiere de una estrategia nueva y en este sentido es bienvenida la creación de espacios de diálogo transversales.

Ciertamente, no son muchas las reformas sustantivas que pueden llevar adelante los gobiernos durante un mandato acotado. Pero la lista de aquellas que son necesarias y terminan entrampadas en el Congreso por falta de acuerdos es larga. Tal vez hay algunos de estos temas clave que también se pueden beneficiar de la nueva estrategia. La reforma al sistema de provisión de salas cuna puede ser uno de ellos.

El artículo 203 del Código del Trabajo establece que las empresas que contratan a 20 o más trabajadoras deben proveer el servicio de salas cuna a madres con hijas e hijos menores de dos años. Es bien sabido que esta normativa encarece la contratación laboral femenina y es contraria a la idea fundamental de la corresponsabilidad en el cuidado. Es también una barrera al acceso de muchos niños y niñas al derecho al cuidado institucionalizado.

De acuerdo con información en la web de la Biblioteca del Congreso Nacional, desde 1994 se han presentado al menos dieciséis mociones parlamentarias buscando modificar el Código del Trabajo para ampliar este derecho. También se han presentado varios proyectos de ley desde el Ejecutivo. Ninguno ha logrado acuerdo.

La discusión en este tema tiene similitudes relevantes con la que se ha dado en pensiones. Por un lado, parece haber acuerdo en traer más recursos al sistema para ampliar el derecho. También en que esos nuevos fondos provengan de cotizaciones de empleadores y trabajadores. Pero en ambos casos hay un desacuerdo en cómo canalizar esos recursos. En pensiones, la discusión es si estos irían a cuentas individuales o a un fondo común, y en ese caso, a quién se entregarían las prestaciones. En el ámbito de las salas cuna, las diferencias están también en a quién beneficiar y en cuál sería el rol de los prestadores privados con fines de lucro en el sistema.

Otra similitud es que mientras no se resuelven estas diferencias, ha sido el fisco el que ha financiado extensiones de la cobertura. El reemplazo del Pilar Solidario por la Pensión Garantizada Universal (PGU) reformó lo fácil al usar recursos de todos para ampliar los beneficios, pero dejó el problema de fondo —el más difícil—, para después.

En el tema del cuidado, el Subsidio Protege, creado en el 2021 junto a otros programas de apoyo para la recuperación del empleo, ha cumplido un rol parecido a la PGU. El subsidio entrega 200 mil pesos mensuales a trabajadores y trabajadoras al cuidado de niños y niñas sin derecho a sala cuna a través de sus empleos, y ha sido renovado hasta septiembre por las nuevas autoridades ampliando el beneficio a niños y niñas menos de cinco años. Es innegable que el programa ha suplido una carencia real al extender un derecho. Por lo mismo, con toda probabilidad va a ser políticamente muy difícil de retirar en la fecha estipulada. En otras palabras, ha sido un programa relevante, pero nuevamente se hizo cargo de lo fácil —usar recursos fiscales—, dejando el problema de fondo para más adelante.

El gobierno ha asumido una nueva estrategia en la tarea de crear acuerdos sociales y políticos amplios en pensiones e impuestos para aunar visiones que hasta ahora parecen irreconciliables. No son los únicos temas donde el éxito de esta estrategia sería bueno para el país. Reparar las discriminaciones que hay detrás del artículo 203 del Código Laboral es otro, indispensable para traer de regreso e impulsar el desarrollo de las mujeres en lo laboral.