El Presidente Boric ha planteado —aunque algo al pasar— la necesidad de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas contra la violencia:

“… hablaba con Javier Macaya —declaró—, conversábamos de la necesidad de que transversalmente todas las fuerzas políticas tengamos un acuerdo nacional contra la violencia”.

A primera vista, hay que aplaudir esa convocatoria si es que ella llega, formalmente, a existir.

Pero a poco andar se comprende que no hay razones muy fuertes para el aplauso. Más bien aparecen razones para dudar de que una iniciativa como esa los merezca.

Porque ¿desde cuándo en un Estado democrático es necesario que las fuerzas políticas convengan excluir la violencia de las relaciones sociales?, ¿acaso no era ese el sobreentendido de nuestra vida pública?, ¿desde cuándo el Presidente requiere un acuerdo nacional para echar a andar los mecanismos estatales —la Ley de Seguridad Interior cuando corresponda, la solicitud de estados de excepción, el apoyo irrestricto a la policía, la investigación y la condena de la violencia escolar— que están dentro de sus facultades y de sus deberes?

Cuando se mira con frialdad (como indica el deber a la hora de hacer el escrutinio de la vida pública), se observa que este tipo de llamados se parecen más al anhelo de compartir responsabilidades que al deseo y disposición de asumir las propias. El Presidente —que haya que recordarlo es un signo flagrante del problema en el que está hoy la sociedad chilena— no necesita de acuerdo alguno para hacer cumplir la ley o asegurar que la violencia quede excluida de las relaciones sociales. En tanto jefe del Estado, su deber es aventar o espantar la violencia de los barrios o de La Araucanía, y para cumplirlo, o lograr que quienes de él dependen lo cumplan, no requiere de acuerdo alguno. ¿No jura acaso el Presidente cumplir y hacer cumplir la ley?

Pero —se dirá— un gran acuerdo va a desproveer a los violentos de las razones para ejercer la violencia y de esa forma el acuerdo podría contribuir.

Tampoco. Basta revisar el asunto.

Si el jefe del Estado no requiere acuerdo alguno para cumplir su deber, a la delincuencia ordinaria ningún acuerdo la inhibirá. Si no la inhibe el temblor de las víctimas, ¿por qué habría de hacerlo la declaración de las fuerzas políticas? Tratándose de la delincuencia común u ordinaria, y para qué decir el narcotráfico, ningún acuerdo nacional impedirá que se extienda, ¿o alguien cree que porque el jefe del Estado se reúne con las fuerzas políticas para hacer asco a la violencia, esta se detendrá en los barrios o en las calles? Por supuesto que algo así no ocurrirá. Lo que detendrá la delincuencia será una acción policial eficaz; dejar de emplear estos temas como oportunidad para la protesta contra el Gobierno (es decir, no repetir la conducta que tuvieron los diputados Boric y Jackson cuando se opusieron, entre otras cosas, a reformar la ley de control de armas); un Ministerio Público ágil; una política urbana y de los barrios razonable; plazas dignas de ser ocupadas; espacios públicos limpios y adecuados para transitar, todas esas cosas que hacen a la gente sentir que su barrio es suyo y de sus hijos, que su negocio es suyo o su lugar de trabajo, y no un coto de caza cuyos ejemplares son ellos.

Para ninguna de esas cosas se necesita un pacto. Se necesitan ideas y decisión.

Y, claro, tomar la responsabilidad por las ideas que se tienen o las decisiones que se adoptan.

Sin licuarla en pactos.

Y lo que se dice de la delincuencia común, también hay que decirlo con mayor razón de quienes en La Araucanía emplean las armas como método de acción política. ¿O alguien de verdad piensa que los grupos que han decidido, crímenes mediante, desafiar al Estado, disputándole el monopolio de la fuerza que este último debe reivindicar, se detendrán una vez que se enteren de la firma del acuerdo y escuchen los aplausos y las declaraciones bien pensantes con que se lo celebrará? Nada. Se reirán. O lo que es peor, repetirán las mismas cosas que decían las fuerzas políticas que están detrás del Presidente, eso de que la violencia es la partera de la historia y si no de la historia, al menos de la Convención.

Todo esto es obvio.

Pero no hay caso. A veces, las circunstancias reclaman recordar lo obvio.