A la fecha, el pleno de la Convención ha aprobado más de 300 artículos del proyecto que se nos propondrá para el plebiscito. Es una gran cantidad si se considera que la Constitución vigente tiene 143 artículos permanentes, y la de 1925 tenía 110.

Ese texto ya aprobado por el pleno está lleno de aspiraciones y principios. Se busca alcanzar muchos ideales que quedan plasmados en principios. Muchas de esas aspiraciones son muy atendibles. Sin embargo, su logro no depende solo de enunciarlas y repetirlas, sino de establecer las normas que puedan contribuir a su concreción.

A continuación, tres ejemplos en distintos ámbitos.

En materia de derechos sociales hay numerosas promesas. A los derechos tradicionales al trabajo, a la educación, a la salud y a la seguridad social, el pleno ha agregado varios otros. Menciono algunos: “derecho a la vivienda”, “derecho a la ciudad y al territorio”, “al agua y al saneamiento”, “derecho al cuidado”, “al deporte, derecho a la actividad física y las prácticas corporales”, “al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación”. ¡Qué duda cabe que se trata de necesidades que tenemos que atender para lograr una mejor calidad de vida!

Pero es evidente que su declaración a nivel constitucional no las va a satisfacer.

Se requieren recursos, capacidades productivas y una adecuada regulación para conseguirlo. Si el país no logra progresar porque las posibilidades de inversión y emprendimiento no salen fortalecidas con las normas constitucionales, o al menos no se ven restringidas, serán aspiraciones frustradas.

También son relevantes las normas que se proponen para alcanzar esos derechos. Veamos el caso del derecho a la salud. El texto establece un “Sistema Nacional de Salud (que) será de carácter universal, público e integrado” (artículo 14). Sin embargo, no queda claro cuál sería el espacio para el financiamiento y la participación de prestadores privados. El texto ya propuesto por la comisión limita ese espacio.

Acabamos de ver en el combate al covid la importancia de sumar a prestadores estatales (nacionales y municipales) y privados con y sin fin de lucro. Gracias al concurso de todos ellos y gracias a nuestra red de acuerdos de comercio y relaciones internacionales pudimos acceder a insumos médicos y vacunas para combatir exitosamente la pandemia. Son demasiadas las necesidades de atención de salud, muy largas las listas de espera en hospitales y centros médicos para restar recursos y capacidades. Sin duda el Estado debe regular y coordinar, pero sin dejar fuera la oferta privada.

Otro ejemplo: para el desarrollo del país necesitamos un Estado solvente. Para librarnos de la inflación necesitamos presupuestos sin déficits permanentes. Así lo reconoce una declaración del texto aprobado: “Principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Las finanzas públicas se conducirán de conformidad a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles”. Valioso principio. Sin embargo, en las normas se debilita un pilar que terminó de construirse en el gobierno del Presidente Frei Montalva: la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia fiscal y de seguridad social. La conciencia de la gravedad que tenía la competencia entre los parlamentarios por iniciativas de ley que desfinanciaban al Estado y que destruyeron el sistema de seguridad social llevó al Congreso a aprobar en 1969 una reforma constitucional que limitaba sus atribuciones en estas materias. Pareciera que no hay conciencia de esa historia, ni de lo que recientemente ha significado para las futuras pensiones la competencia parlamentaria por aprobar los retiros de fondos de pensiones.

Otro ejemplo: los conceptos democracia y democrático aparecen 30 veces en el texto aprobado. Sin embargo, sabemos que no es la mera declaración de voluntades, sino las normas que resguarden el equilibrio de poderes, la independencia de los jueces y la libertad de expresión, las que definirán si logramos una democracia liberal o, por el contrario, arriesgamos una pobre gobernabilidad o una autocracia. Las propuestas y los textos aprobados a la fecha muestran en este ámbito un retroceso respecto de la Constitución vigente.

No basta con establecer principios y aspiraciones, la Constitución debe establecer normas que contribuyan al resultado buscado, promoviendo los comportamientos que lo favorezcan y disuadiendo los que nos alejan. En los ejemplos que hemos dado el texto que se ha aprobado no solo no contribuye, sino que arriesga a apartarnos del camino para su concreción. Queremos que nos propongan un proyecto de Constitución que mejore las posibilidades de alcanzar esos resultados y no que nos aleje de ellos.

José Pablo Arellano Marín