Transcurridos dos años de la pandemia, los niveles de ocupación están aún por debajo de los registrados antes de esta. Así se desprende de la última encuesta nacional de empleo (ENE) para el trimestre móvil diciembre-febrero. En efecto, hay casi 295 mil personas menos trabajando que, en igual período, hace dos años.

En rigor, este número es una subestimación, porque deberíamos tener como referencia la tasa de ocupación de ese entonces. Así, la falta de puestos de trabajo alcanzaría más bien a 555 mil. Es bueno indagar, entonces, un poco más en las comparaciones entre la primera medición de 2022 y la de 2020, sobre todo teniendo en cuenta que se aspira a elevar el salario mínimo, reducir la jornada de trabajo y subir las cotizaciones previsionales (aunque esta última iniciativa parece que en un período más distante). Son propuestas que de una u otra forma afectan los mercados laborales y acomodarlas en el contexto actual podría ser una tarea desafiante, en especial si se consideran los ámbitos que concentran los déficits ocupacionales.

Por cierto, el empleo durante buena parte del año pasado, después del fuerte retroceso de 2020, se recuperó con mucha fuerza. Hubo varios trimestres móviles en que creció por sobre 10% y hasta más de 15%. Esa expansión se ha ido desacelerando —el último trimestre móvil se incrementó solo 7,4%— y de ahí el rezago aún existente. La desaceleración económica probablemente haga más difícil recuperar la trayectoria que traía la ocupación antes de la pandemia. Además, esta no se ha terminado.

El incremento del salario mínimo a $400 mil representa un aumento nominal de un 14,3%. El Gobierno ha insinuado que se concretaría en dos etapas, generando un impacto más acotado. La aceleración de la inflación paradójicamente también contribuye a ese propósito. Con todo, el índice de remuneraciones reales muestra un decrecimiento en los últimos trimestres que da cuenta de que el mercado laboral está lejos de estar viviendo tiempos de estrechez.

Los impactos de los últimos dos años han sido heterogéneos. Así, por ejemplo, si se descomponen los menores niveles de empleo se puede comprobar que el grueso de la carencia la explican los menores de 30 años; se suman luego los mayores de 60. Las personas del grupo de 30 a 50 años, en cambio, tienen más puestos de trabajo que hace dos años. A la vez, el nivel de empleo de las mujeres es un 4,5% más bajo que hace dos años, mientras que el de los hombres es solo un 2,3% más reducido, pero prácticamente todo el menor empleo de las mujeres se explica por un retroceso grande en su ocupación informal. Esta es un 13% más baja que hace dos años. En cambio para ellas, la ocupación formal ha caído en solo 0,7%. En los hombres, la reducción en este empleo es un 2,2%.

El menor impacto en la ocupación formal de las mujeres seguramente no se puede separar del hecho de que su nivel de empleo en las empresas de más de 50 trabajadores es hoy un 3,2% más alto que antes de la pandemia. En las empresas de menos de 10 trabajadores, el empleo es en la actualidad un 8,6% más pequeño que antes de que el covid-19 tocara nuestras puertas y en el caso de las mujeres es inferior en un 12,6%. Ahora, si la separación se hace por educación, las personas con estudios post secundarios han aumentado sus puestos de trabajo en un 1,1%, mientras que aquellas que no han completado su educación media y que representan todavía más del quinto de la fuerza de trabajo vieron retroceder sus empleos en un 16,3%.

Esto es algo que las acciones públicas antes mencionadas deben ponderar. Su impacto no es homogéneo y, por ejemplo, la reducción de horas de trabajo y el aumento de las cotizaciones previsionales son más difíciles de acomodar, en presencia de un salario mínimo, mientras más bajos sean los salarios. En efecto, estas iniciativas elevan el costo laboral y más allá de cómo se aplican son traspasadas en parte a los trabajadores a través de una reducción en los salarios. Si hay un piso legal ese traspaso no se puede completar. El ajuste puede ocurrir, entonces, vía menores empleos.

Por supuesto, si simultáneamente ocurre un aumento en la productividad de largo plazo estas consideraciones pueden estar de más. Sin embargo, este fenómeno no parece estar presente. El aumento en el salario mínimo obviamente hace el ajuste aún más complejo. Los datos anteriores, recogidos de la ENE, muestran que la recuperación en el empleo ha sido muy heterogénea y los mayores rezagos se encuentran en grupos y áreas donde es muy probable que las políticas que se anuncian para el mercado del trabajo sean más difíciles de acomodar. Las gradualidades que se anuncian parecen indispensables e indudablemente ayudarán, pero también puede ocurrir que la recuperación del empleo sea incompleta. Quizás hay que comenzar a pensar en políticas complementarias para estos casos.

Harald Beyer
Universidad Adolfo Ibáñez