Tal como se había previsto, el cambio de gobierno no fue motivo suficiente para que los jóvenes que protestan violentamente todos los viernes por la tarde dejaran de hacerlo. Así, el primer viernes bajo el mando de las nuevas autoridades, el sector de Plaza Italia se vio nuevamente afectado por los efectos de los desórdenes que impiden el tránsito normal de vehículos y personas, y perturban gravemente a las empresas, en su mayoría pymes que desarrollan sus actividades en ese sector que ha sido denominado la Zona Cero. Como sucede a menudo cuando ocurren esta clase de desarreglos, hubo un incidente en medio de una persecución de carabineros en que un hombre cayó al suelo y se golpeó quedando con lesiones leves. Pero ha bastado ese hecho para que el oficialismo haya reaccionado señalando la necesidad de reestructurar a fondo a la policía. Por cierto, la reforma a Carabineros fue una iniciativa del gobierno anterior y avanza con todas las complicaciones que cabe esperar de un cambio importante en un tema tan sensible.

No se advierte la relación entre el incidente con la persona accidentada y la necesidad de reestructurar a fondo la policía, ni de anunciar cambios en el corto plazo que ya estaban hechos antes de la renovación de autoridades. Se explica, sí, la reacción del Gobierno por la insistencia de sectores de extrema izquierda, encabezados por miembros del Partido Comunista, que rápidamente acusaron un “impresentable nivel de represión” y llamaron a intervenir la policía. Nada parece muy distinto de lo que ocurría hasta las semanas anteriores, si bien ahora el Ejecutivo, aparentemente como consecuencia de lo sucedido, tanto por los disturbios como por la presión política posterior, ha anunciado una calificación de suma urgencia al proyecto de ley de amnistía a los presos de la violencia. La primera medida que había adoptado, no puede olvidarse, fue el retiro de las 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra aquellos, pero luego se reveló que nadie pudo beneficiarse de esa decisión, por cuanto no existía dentro de ese listado ningún preso en prisión preventiva. Ahora, la idea de presentar con carácter urgente el proyecto de amnistía arriesga resultados igualmente poco alentadores para apaciguar a quienes procuran liberarse de las consecuencias jurídicas de sus actos. Si no consigue el número suficiente de votos en el Congreso, se habrá cerrado esa opción y tendrán que esperar un año antes de poder presentarlo nuevamente.

Cualquier intervención política en las decisiones de la justicia requiere de amplios acuerdos de los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. La señal que se envía a quienes han cometido delitos de graves consecuencias no puede ser peor y por ello solo se utiliza en caso de grave conmoción para apaciguar a ambos bandos en una contienda interna, pero jamás para beneficiar a un solo sector, que en este caso es el que originó la violencia. El debate en el Congreso se ha prolongado ya por más de un año sin que se haya podido llegar a un acuerdo. Entre quienes aspiran a ser perdonados bien podrían existir delincuentes comunes, como se pudo apreciar durante el estallido violento de octubre de 2019, en que hubo saqueos y destrozos de locales comerciales con el único fin de robar mercaderías. Así, por lo demás, pareció quedar claro tras la reunión del ministro de Economía con dirigentes empresariales y vecinales de ocho sectores en torno a la Plaza Italia que intentan trabajar y vivir en paz sin poder hacerlo hasta ahora. El propio ministro Grau, “en nombre del Estado de Chile”, les pidió disculpas por lo que habían debido enfrentar. “Lo que han tenido que pasar nos conmueve y nos hemos comprometido… con un plan que aborde la situación” no solo en Santiago, sino en todo el país, les dijo. Por ello, el senador Cruz-Coke ha señalado que la actuación del Gobierno al insistir en perdonar a quienes son responsables de la violencia es abiertamente contradictoria.

La tarea de gobernar no es sencilla y armonizar las peticiones de las víctimas con las de los agresores nunca ha sido fácil. Los nuevos gobernantes dicen estar preparándose para enfrentar el próximo día del joven combatiente que año tras año provoca renovados desórdenes y violencia. Las señales que están entregando las autoridades al liberar de responsabilidad a quienes promueven la violencia no es la mejor manera de enfrentarlos.