Oportunas, directas y muy fundadas son las respuestas que emitió la Comisión de Venecia sobre el proceso constituyente chileno, despachadas a petición del Senado —representado por su entonces presidenta y 22 senadores— en solicitud de enero pasado. La lectura del documento de 29 páginas en inglés demuestra por qué se trata del órgano internacional más prestigiado del mundo en la promoción de la democracia. Cada afirmación del informe sobre las opciones constitucionales de Chile es respaldada en criterios previos emanados de casos anteriores, consistentes unos con otros y aplicables a países muy diversos. La Comisión —al igual que la Corte Europea de Derechos Humanos— pertenece al Consejo de Europa, creado por el Tratado de Londres de 1949 y que fue el más temprano esfuerzo de integración humanista europea de la era de posguerra. Sumando a los Estados no europeos, cuenta con 62 miembros.

En cuanto al carácter mismo de una Constitución, el Informe recuerda algo que la Convención chilena está perdiendo dramáticamente de vista: “debe establecer reglas neutrales y aceptadas por la generalidad de la sociedad para el proceso político”. Las diferencias sociales y políticas deben armonizarse para la gobernabilidad “pacífica, estable y constructiva” a través del tiempo. Una Carta Fundamental partidista, identitaria e ideológicamente radical contraviene la primera de las recomendaciones europeas para un futuro constitucional estable en Chile.

Otra zona valiosa es la relativa a la judicatura. Aquí destacan las recomendaciones sobre inamovilidad y plazos de jueces, consejos superiores de la magistratura, transiciones, evaluaciones y otros. La Comisión es totalmente contraria a los plazos de jueces con eventuales renovaciones, porque “los hace dependientes de la autoridad que los nombra y renueva”. Así, le da carácter de “fuerte recomendación” a que el período de los magistrados termine con la jubilación. También a la inamovilidad e inmunidad, para protegerlos de influencias externas, que cede solo frente a acusaciones serias debidamente evaluadas “por un órgano independiente” (desafuero). Admitiendo que una democracia admite órganos no judiciales que ejerzan funciones administrativas respecto de tribunales, nombramientos, etc., “al menos” la mitad de sus integrantes deben ser jueces, y los demás, jamás parlamentarios en ejercicio. Siendo el balance de género una política correcta, los informantes de Europa advierten sin embargo que “las cuotas étnicas o de género inflexibles, por sobre la competencia profesional, pueden menoscabar el funcionamiento efectivo del sistema”. El Informe es totalmente contrario a las evaluaciones periódicas y genéricas de jueces, las que solo deben enmarcarse en las capacidades profesionales y nunca sobre “el contenido de las decisiones y veredictos”. Cerrando el poder judicial, es extensible hoy lo que se dice en el Informe respecto de autoridades electivas que serán objeto de reforma: es esencial incluir artículos transitorios para aquellos que entraron en el cargo bajo la vigencia de la Constitución anterior.

Un solo vistazo a las recomendaciones de la Comisión de Venecia en materia de justicia, colocadas ante el trabajo de la Convención, permite concluir que ninguno de estos prestigiados estándares se viene cumpliendo en los textos en formación. Los jueces están reducidos a una débil minoría en el llamado Consejo de la Justicia; las evaluaciones que este órgano hará a los jueces alcanzarán por vía indirecta el contenido de sus fallos (dado que las funciones no jurisdiccionales saldrán de la magistratura y sin embargo se persiste en evaluarlos); se imponen cuotas rígidas en el consejo; los nuevos límites de edad y de duración en el caso de la Corte Suprema no respetarían los períodos ni edades vigentes actualmente (ausencia o débil transición), etc.

La Comisión de Venecia también habló sobre bicameralismo, tratados internacionales, género y justicia indígena. En todo ello, emergen conflictos con los textos que actualmente viene aprobando la Convención.

En lo primero, recordó las cuatro razones por las que en sus informes previos se ha estimado conveniente la existencia de un Senado para países análogos a Chile: tamaño superior a 15 millones; descentralización, contrapeso —equilibrio y contribución de experiencia— y democratización. Históricamente, recuerda, el parlamento unicameral resurge fuertemente en contextos revolucionarios. Sobre tratados internacionales, afirma que todos ellos —incluidos los de libre comercio— deben ser respetados por la nueva Constitución, modificables solo “con cumplimiento del derecho internacional”. Recoge también preocupaciones sobre la libre expresión, fuertemente garantizada en esos tratados. Sobre género, afirma que los enfoques no deben “sacrificar la imparcialidad judicial”. Y en justicia indígena, la Comisión recuerda que debe ejercerse en un contexto de “unidad e integridad del país”.